El alcalde de Cali, Alejandro Eder, confirmó este 23 de mayo la captura del hombre que el pasado día 16 insultó con comentarios racistas a un agente de tránsito en el barrio San Fernando. La detención se produjo tras la emisión de una orden judicial por los delitos de violencia contra servidor público y actos de discriminación.
Capturado el agresor del agente de tránsito por agresión contra funcionario público en concurso con discriminación. Gracias a la @FiscaliaCol, #CTIFiscalia y a la @PoliciaCali por hacer justicia. No permitiremos más agresiones contra funcionarios públicos en Cali, mucho menos… pic.twitter.com/xElfiU0Tks
— Alejandro Eder (@alejoeder) May 23, 2025
“Capturado el agresor del agente de tránsito. No permitiremos más agresiones contra funcionarios públicos en Cali, mucho menos agresiones racistas”, expresó el alcalde a través de redes sociales.
El video que desató la indignación
En el video, ampliamente difundido en redes sociales, se observa al ciudadano hostigando verbalmente al funcionario durante más de un minuto, con insultos despectivos por su color de piel. El agente, identificado como José Félix Angulo, mantuvo la compostura en todo momento.
El hecho fue repudiado por la comunidad y provocó una rápida reacción institucional. La Secretaría de Movilidad respaldó públicamente al guarda y anunció medidas legales en su defensa.
Cierre del establecimiento del agresor
Paralelamente, la Alcaldía de Cali ordenó el cierre del establecimiento comercial donde trabajaba el agresor, sin embargo, la clausura no tiene nada que ver con lo sucedido. Según la Secretaría de Seguridad y Justicia, el local presentaba incumplimientos en documentación legal, lo que facilitó la medida administrativa. “No hay espacio para el racismo, la ilegalidad ni la violencia en Cali”, agregó el alcalde Eder.
Delitos y penas que enfrenta el capturado
El capturado deberá responder ante la justicia por los delitos de violencia contra servidor público y actos de discriminación agravados. Ambos cargos pueden acarrear penas de hasta ocho años de prisión, según el Código Penal colombiano.
Una respuesta firme contra la discriminación
Este caso marca un precedente en la lucha contra la discriminación y las agresiones a funcionarios públicos. Las autoridades locales reiteraron su compromiso con el respeto a la ley, el trabajo institucional y los derechos fundamentales.
