Una nueva tragedia enluta a la política en Colombia. En la tarde del lunes 16 de junio fue asesinado Juan Camilo Espinosa Vanegas, concejal de San Andrés de Cuerquia, en el norte del departamento de Antioquia. El dirigente de 32 años, quien tenía movilidad reducida, fue baleado en plena vía pública mientras se dirigía a su residencia.
Según el reporte oficial, dos sujetos lo abordaron en zona rural de la vereda Agüita, corregimiento de Santa Cecilia. Sin mediar palabra, le dispararon en varias ocasiones. Uno de los presuntos atacantes, un menor de 17 años, fue aprehendido por la Policía Nacional minutos después, portando un arma de fuego.
El otro responsable, quien conducía una motocicleta, logró huir. Por su paradero, la Gobernación de Antioquia ofrece hasta $50 millones de recompensa.
Posibles vínculos con grupos armados
Fuentes de inteligencia señalan que el joven detenido estaría vinculado al frente 36 de las disidencias de las Farc, con presencia en el norte de Antioquia. De hecho, se habría desplazado desde el Valle del Cauca a esta región hace seis meses, en medio de una expansión violenta de esa estructura armada.
Esta zona ya había generado una alerta temprana por parte de la Defensoría del Pueblo, debido al creciente riesgo para líderes sociales, defensores de derechos humanos y autoridades locales por la presencia de grupos armados ilegales.
¿Quién era Juan Camilo Espinosa?
Juan Camilo Espinosa fue elegido por el partido Autoridades Indígenas de Colombia (AICO) y era reconocido en su comunidad como un líder activo, cercano a causas sociales y con una fuerte vocación de servicio.
El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) confirmó que con él ya son 76 los líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados en Colombia en lo que va del año 2025, una cifra alarmante que evidencia la vulnerabilidad persistente de quienes ejercen liderazgo en territorios afectados por el conflicto.
El gobernador del departamento de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y organismos como la Misión de Observación Electoral (MOE), AICO y líderes de derechos humanos han rechazado categóricamente el crimen y exigen una investigación rigurosa para identificar a todos los responsables, incluyendo a los autores intelectuales. La Gobernación y la Policía han reforzado la seguridad en la zona, y se esperan nuevos anuncios en las próximas horas sobre operativos para dar con el segundo atacante.
