Un nuevo centro de detención de inmigrantes ubicado en los humedales de los Everglades, en Florida, conocido como “Alligator Alcatraz”, ha generado una fuerte polémica en Estados Unidos. La instalación, promovida por la administración del presidente Donald Trump y respaldada por el gobernador Ron DeSantis, podría albergar hasta 5.000 migrantes mientras esperan deportación, según informaron fuentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a CNN.
Ubicado en el Aeropuerto Dade-Collier, a unos 80 kilómetros del resort de Trump en Miami, el centro ha sido criticado por su proximidad a zonas protegidas, su infraestructura improvisada y los riesgos ambientales y humanitarios que implica. Los migrantes serán alojados en remolques reutilizados de la Agencia Federal de Gestión de Emergencias (FEMA) y tiendas de campaña en una región infestada de caimanes, temperaturas extremas y frecuentes tormentas tropicales.
El Gobernador de Florida lo defiende: “Si se escapan, hay caimanes”
El gobernador DeSantis defendió el proyecto en una conferencia de prensa reciente, destacando su “bajo costo” y la “seguridad natural” del entorno. “Si alguien se escapa, va a tener que enfrentarse a un montón de caimanes. Es lo más seguro posible”, dijo el mandatario, refiriéndose al apodo ‘Alligator Alcatraz’, en alusión a la prisión de máxima seguridad en la bahía de San Francisco.
La instalación busca descongestionar cárceles estatales y federales ante el creciente número de migrantes detenidos. Sin embargo, su construcción ha sido calificada como deshumanizante por organizaciones como la Coalición de Inmigrantes de Florida.
Costos millonarios y rechazo de ambientalistas e indígenas
El centro costaría 450 millones de dólares al año, con un gasto de 245 dólares por cama diaria. Aunque la Florida asumiría inicialmente el costo, DeSantis espera que el FEMA y el DHS reembolsen los fondos.
No obstante, organizaciones indígenas y grupos ambientalistas, como Amigos de los Everglades, han denunciado el impacto de esta instalación en tierras sagradas y zonas ecológicamente sensibles. La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, también expresó su preocupación por la amenaza a una de las fuentes de agua potable más importantes del estado.
En paralelo, la administración DeSantis enfrenta una demanda ambiental para detener el proyecto, mientras el gobernador asegura que el impacto ecológico será “cero”.
Un centro de detención en zona de huracanes
La instalación será “autónoma”, con agua, electricidad y aire acondicionado suministrados por unidades móviles. No obstante, expertos meteorológicos alertan que la zona podría sufrir una intensa temporada de huracanes, lo que aumenta los riesgos para las personas detenidas en estructuras temporales.
Aunque DeSantis insiste en que se trata de una solución temporal, la polémica sigue creciendo. Activistas, académicos y miembros de la comunidad piden que el gobierno federal intervenga para revisar el proyecto y evitar lo que describen como una nueva forma de criminalización del migrante en condiciones inadecuadas.
