La concejal Quena Ribadeneira y la edilesa de Teusaquillo Mónica Naar Pardo radicaron ante un Juzgado de Bogotá una Acción Popular que busca la suspensión inmediata del contrato firmado entre la Beneficencia de Cundinamarca y la empresa OCESA Colombia S.A.S., mediante el cual se entregaron en arrendamiento dos lotes del Parque Simón Bolívar para la construcción y explotación del escenario “Vive Claro Distrito Cultural”.
Con ello, buscan que las autoridades judiciales revisen la forma en que fue realizado el contrato, ya que afirman que la ley colombiana no permite que se entreguen bienes del Estado para una explotación económica de manera directa, sino a través de un proceso licitatorio mediante concesión o una Asociación Público-Privada (APP).
La concejal y la edilesa sostienen que el contrato celebrado el 28 de noviembre de 2023 permitió a OCESA hacer uso exclusivo de más de 249 mil metros cuadrados de espacio público durante cinco años, con derecho a realizar espectáculos masivos, subarrendar y construir estructuras permanentes, por un canon mensual de $361 millones, sin participación en ingresos ni incentivos de desempeño.
Se argumenta que este contrato viola flagrantemente derechos colectivos fundamentales, entre ellos la moralidad administrativa, la libre competencia económica y el derecho a la planificación y legalidad urbanística.
Además -señalan- el contrato fue adjudicado de manera directa con base en un concepto jurídico solicitado por la Gobernación, sin estudios técnicos independientes ni apertura al mercado, restringiendo la participación de otros oferentes.
“Estamos a favor de que existan escenarios para el disfrute de los ciudadanos y que éstos contribuyan en la generación de impactos económicos positivos para la ciudad, pero lo que no podemos permitir es que, para lograrlo, se salten todos los procedimientos legales establecidos, que lo que buscan justamente es dar transparencia a las actuaciones entre públicos y privados” expresó Ribadeneira.
Así mismo, se alerta sobre la ausencia de licencias de construcción, a pesar de las intervenciones físicas ya realizadas por OCESA en los predios, incluyendo cerramientos y estructuras modulares que modifican el espacio público.
También solicitaron al juez decretar medidas cautelares urgentes, como la suspensión del contrato y la orden de terminación anticipada, con el fin de evitar perjuicios para la ciudad, el espacio público y el interés general. También pidieron que entidades como la Alcaldía de Bogotá, el IDIGER, la Procuraduría, la Contraloría, la Personería y el Comité del Parque Simón Bolívar se vinculen al proceso para que ejerzan su rol de vigilancia.
Precisamente, este fin de semana se llevó a cabo el primer concierto en este escenario, y ya hay otros espectáculos programados, como el tercer concierto de Shakira en Bogotá este año.
