Bogotá, 13 de marzo de 2025. La consulta popular anunciada por el presidente Gustavo Petro para buscar la aprobación de las reformas laboral y de salud, no sólo tiene réditos y costos en lo político, también conlleva un enorme impacto económico, pues toca las finanzas públicas en épocas de “vacas flacas” para Colombia, como se dice popularmente.
Las cuentas indican que se necesitarían entre 500.000 y 600.000 millones de pesos para adelantar este ejercicio democrático, según confirmó el Consejo Nacional Electoral, CNE.
Y es que la consulta anticorrupción del año 2018, tuvo un costo de $350 mil millones, cifra que se incrementaría teniendo en cuenta aspectos como la inflación actual, del 5,2%.
Varias voces cuestionan que el Estado asuma un costo de tal magnitud en una coyuntura económica delicada para el país, que incluso llevó al Gobierno a hacer un recorte presupuestal de 28,4 billones para 2024, con impacto en sectores como la Rama Judicial, defensa, agro, entre otros. Incluso, actualmente, está en marcha un plan de austeridad, con el que se busca ahorrar entre 4 y 5 billones de pesos.
“El gobierno no tiene plata para los pacientes de alto costo, pero está dispuesto a derrochar 1/2 billón de pesos en una consulta popular que en el improbable escenario de que 13 millones de personas voten devolvería las reformas al Congreso. Hacen campaña con recursos públicos”, dijo Andrés Forero, representante a la Cámara por el Centro Democrático.
Desde la academia, también ha habido pronunciamientos. “Una real democracia parte del respeto de sus instituciones y del reconocimiento a las decisiones desde cada uno de los poderes del Estado (…) Hay prioridades de gobernabilidad que hoy el país demanda”, afirmó Juan Pablo Herrera, decano de Economía de la Universidad Externado a través de X.
Así mismo, algunos ciudadanos han opinado en redes sociales. “Se calcula que una consulta popular puede llegar por lo menos a $500.000 millones de pesos.
Hoy estamos ante una de las peores crisis fiscales del país, pero al gobierno poco le importa esto: gastan a manos ellas sin importarles incumplir la regla fiscal y sin medio a perder el grado de inversión”, afirmó Mateo Amaya Quimbayo.
Teniendo en cuenta las etapas que debe surtir este proceso, se prevé que la consulta se desarrolle en el segundo semestre de 2025.
Vale subrayar que la consulta popular es un mecanismo de democracia participativa, contemplado en el artículo 103 de la Constitución de 1991.
