El Gobierno nacional salió a responder a las versiones que señalan posibles investigaciones en Estados Unidos contra el presidente Gustavo Petro, asegurando que no ha recibido ninguna notificación formal por parte de las autoridades de ese país.
Sin confirmación oficial desde Washington
Desde la Casa de Nariño indicaron que, por ahora, no habrá un pronunciamiento de fondo frente a las revelaciones publicadas por The New York Times. La razón principal es que ni el mandatario ni la Cancillería han sido informados oficialmente sobre la existencia de investigaciones.
La Secretaría de Prensa de la Presidencia reiteró que el Gobierno se mantendrá prudente hasta tener claridad sobre la veracidad de la información.
Indagaciones en curso y dudas sobre su alcance
De manera paralela, se conoció que autoridades colombianas estarían verificando con sus pares en Estados Unidos si dichas versiones tienen sustento real.
Según lo publicado, las supuestas pesquisas estarían en manos de fiscalías en Nueva York, con apoyo de agencias como la DEA y el Homeland Security Investigations. Estas indagaciones, aún preliminares, apuntarían a posibles encuentros con narcotraficantes y eventuales irregularidades en la financiación de campaña.
Hasta el momento, no existe confirmación de cargos formales ni pronunciamientos públicos por parte de las entidades mencionadas.
Funcionarios respaldan al presidente
Varios miembros del Gobierno reaccionaron en defensa del jefe de Estado. La ministra de Comercio, Diana Morales, señaló que se adelanta una verificación rigurosa antes de emitir conclusiones.
Por su parte, el embajador en Brasil, Alfredo Saade, defendió la integridad del presidente y sugirió que las versiones podrían estar influenciadas por el ambiente electoral.
Un contexto diplomático sensible
Este episodio surge en un momento clave para las relaciones entre Colombia y Estados Unidos, que recientemente habían mostrado señales de acercamiento.
Incluso, el presidente Petro sostuvo un encuentro con el mandatario estadounidense Donald Trump a comienzos de febrero, además de mantener conversaciones telefónicas posteriores.
Mientras tanto, el Gobierno colombiano insiste en esperar información oficial antes de fijar una postura definitiva sobre un caso que sigue generando debate político y mediático.
