Un juez de control de garantías de Bogotá, luego de realizar una investigación, detectó que el excandidato al Senado del partido de la U, Freddy Camilo Gómez Castro, así como cuatro exintegrantes de la Policía Nacional, habrían presuntamente estructurado una red de corrupción para favorecer actividades de contrabando generadas por Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo.
Según las autoridades, los hombres fueron imputados por los siguientes delitos: Cohecho por dar y ofrecer, concierto para delinquir agravado, tráfico de influencia de servidor público y tráfico a particulares.
Las reuniones que ayudaron a desarticular la red de corrupción
La indagación efectuada por la Fiscalía determinó que el expolítico habría, presuntamente, organizado reuniones con servidores públicos de entidades locales y nacionales, así como la identificación de miembros de la Policía Fiscal y Aduanera para que colaboraran en favor de los intereses criminales de alias Papá Pitufo.
El ente acusador detectó que posiblemente Gómez Castro habría recibido préstamos de la organización criminal para realizar actividades políticas.
Miembros de la policía también implicados
La Fiscalía indicó que el capitán en retiro Faudel Luis Salazar Piñeros, quien hizo parte de la División Operativa de la POLFA, en Cartagena, estaría implicado en irregularidades con algunos contenedores usados para la salida de cigarrillos y textiles. También se le imputa haber pagado hospedaje para otros miembros de la red criminal.
La investigación detalla que uno de los uniformados con más experiencia, identificado como José Luis Olaya Caicedo, habría utilizado su estudio y experiencia en perfilar policiales sobornables y así solicitar dineros de comerciantes para prolongar la corrupción. De acuerdo con las indagaciones, los sobornos habrían alcanzado los 300 millones de pesos.
Los demás implicados, según las autoridades, son: Juan Miguel Jaramillo Mora y Edgar Humberto Bacca Suárez, quienes fueron capturados y puestos a disposición de un juez. A partir del material probatorio, el juez de control de garantías determinó que los cuatro sujetos, así como el exsenador, deben tener reclusión en centro penitenciario mientras continúa el proceso. Pese a las pruebas, los implicados no aceptaron los cargos.
