La fiscal del distrito del Bronx, Darcel D. Clark, imputó a Lissette Soto Domenech, de 64 años, por mantener confinados a sus hijos gemelos de 14 años en su vivienda durante casi nueve años, privándolos de alimentación adecuada, interacción social, educación formal y atención médica. Los menores presentaban desnutrición severa y retrasos graves en su desarrollo, en lo que las autoridades califican como “indiferencia depravada hacia la vida humana”.
Cargos graves y fianza impuesta por el juez
La acusada enfrenta dos cargos de agresión en primer grado, dos de imprudencia temeraria en primer y segundo grado, dos por poner en peligro el bienestar de un niño, y cuatro por ofrecer instrumentos falsos al Departamento de Educación de Nueva York (DOE). El juez estableció una fianza de 25.000 dólares en efectivo o 75.000 dólares mediante bono, y Soto Domenech deberá comparecer nuevamente ante el Tribunal a finales de febrero de 2026.
Cronología de los hechos: del abandono médico a la falsificación de documentos
La investigación revela que desde noviembre de 2016, la madre dejó de llevar a los gemelos a controles médicos rutinarios. A partir de septiembre de 2017, comenzó a presentar documentación falsa al DOE afirmando que educaba a sus hijos en casa, ocultando así su confinamiento. Entre el 3 de noviembre de 2016 y el 15 de octubre de 2025, los menores sufrieron un alto riesgo de muerte y lesiones físicas graves debido a la negligencia extrema.
Impacto en los niños y compromiso de las autoridades para su recuperación
Los gemelos fueron hallados en condiciones de extrema desnutrición y aislamiento total, lo que afectó su crecimiento físico, cognitivo y emocional. El fiscal Clark afirmó: “Haremos todo lo posible para ayudar a estos niños a lograr una vida normal”, destacando el compromiso de las autoridades para su rehabilitación integral, incluyendo atención médica, nutricional, psicológica y educativa.
Este caso expone la gravedad del abuso infantil por negligencia extrema en entornos urbanos como el Bronx, donde sistemas de vigilancia como el DOE y servicios sociales buscan prevenir estos escenarios. En Estados Unidos, los cargos por agresión infantil en primer grado pueden acarrear penas de hasta 25 años de prisión, dependiendo de las circunstancias agravantes como la duración y el daño causado.
Las autoridades de Nueva York intensifican protocolos para detectar casos de educación en casa fraudulenta y negligencia, colaborando con agencias de protección infantil para rescatar y reinsertar a las víctimas en la sociedad.
