Un grave hecho de violencia sacudió la población de Pelaya, en el departamento del Cesar, luego de que una joven fuera asesinada y su cuerpo permaneciera durante varias horas en el lugar del crimen sin que ninguna autoridad acudiera a realizar el levantamiento correspondiente, como lo establece la ley.
Ante la prolongada ausencia de funcionarios, la familia de la víctima enfrentó una situación límite que evidenció serias fallas en la atención institucional en zonas rurales del país.
La víctima fue identificada como Roxana Álvarez. Tras el crimen, su madre, Janet Rojano, residente en El Banco, Magdalena, se movilizó hasta el lugar donde su hija fue asesinada y esperó durante horas la llegada de las autoridades sin obtener respuesta alguna.
Desbordada por la desesperación y el dolor, tomó una decisión extrema: recoger el cuerpo de su hija y trasladarlo por sus propios medios hasta Medicina Legal. Para ello, contrató un mototaxi y emprendió un largo recorrido entre los departamentos de Cesar y Magdalena.
Un recorrido de más de 135 kilómetros con el cuerpo de su hija
El trayecto superó los 135 kilómetros, un viaje que se realizó en condiciones precarias y con el cuerpo sin vida de la joven sobre una motocicleta. Solo al llegar a la sede de Medicina Legal en El Banco fue posible adelantar las diligencias forenses que no se realizaron en el lugar del asesinato.
Este hecho ha generado una profunda indignación entre la comunidad y en redes sociales, donde se cuestiona la falta de presencia estatal en regiones apartadas.
“Quiero que esto no quede impune”: el clamor de una madre
Yaneth Rojano, madre de la víctima, expresó su dolor y exigió justicia, pidiendo que el caso sea investigado y que los responsables no queden en la impunidad. A la tragedia se suma una nueva dificultad: la familia no cuenta con los recursos económicos necesarios para realizar las honras fúnebres, por lo que solicitan apoyo para poder despedir a Roxana en El Banco, Magdalena.
Este caso vuelve a poner sobre la mesa la urgencia de fortalecer la respuesta de las autoridades en zonas rurales, donde la ausencia del Estado profundiza el sufrimiento de las víctimas y sus familias.
