El partido Centro Democrático interpuso una acción de tutela contra el Decreto Legislativo 1390 de 2025, con el cual el Gobierno del presidente Gustavo Petro declaró el Estado de Emergencia Económica y Social en todo el territorio nacional.
La colectividad sostiene que la medida carece de sustento constitucional y constituye un mecanismo para crear o modificar impuestos sin el control democrático del Congreso de la República.
Centro Democrático alega vulneración de derechos fundamentales
Según el documento radicado por los congresistas Paloma Valencia y Gabriel Vallejo, el decreto desplaza de manera indebida las competencias del Legislativo, especialmente en materia tributaria.
En la tutela, el partido argumenta que se vulneran derechos fundamentales como la participación política, el debido proceso legislativo y la seguridad jurídica, al permitir que el Ejecutivo asuma funciones que corresponden exclusivamente al Congreso.
El Centro Democrático, encabezado por la
Candidata y senadora Paloma Valencia, presentará hoy TUTELA contra la
Emergencia Económica. Es el único recurso inmediato porque la Corte Constitucional avocará el recurso a partir del 13 de Enero y mientras tanto el Gbno escurre a los…— Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) December 24, 2025
Piden suspender de inmediato los efectos del decreto
La colectividad solicitó al juez de tutela suspender de forma transitoria los efectos del decreto, mientras la Corte Constitucional, como juez natural de los estados de excepción, adelanta el control automático e integral de constitucionalidad.
Según los accionantes, la expedición del decreto durante la vacancia judicial de la Corte podría impedir un pronunciamiento oportuno y consolidar obligaciones tributarias de carácter irreversible antes del cierre del año fiscal.
Advertencia por riesgo institucional
El Centro Democrático advirtió que la emergencia económica decretada por el Gobierno Petro representa un riesgo para el orden constitucional y democrático, al concentrar en el Ejecutivo facultades excepcionales sin el debido contrapeso institucional.
Finalmente, la colectividad reiteró que la acción de tutela busca proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos, mientras se define de fondo la legalidad del decreto por parte del alto tribunal constitucional.
