La justicia de El Salvador dictó una de las condenas más severas de su historia reciente contra decenas de miembros de la Mara Salvatrucha, quienes fueron hallados culpables de múltiples crímenes que incluyen asesinatos, desapariciones forzadas y narcotráfico.
Las sentencias, que en algunos casos superan los 1.000 años de prisión, hacen parte de la ofensiva estatal contra las pandillas liderada por el presidente Nayib Bukele.
Condenas récord contra la MS-13 en El Salvador
Según informó la Fiscalía General de la República, un total de 248 pandilleros fueron declarados culpables de al menos 43 homicidios y 42 desapariciones, además de delitos como extorsión y tráfico de drogas.
Uno de los procesados recibió una condena de 1.335 años de prisión, mientras que otros diez enfrentan penas que oscilan entre 463 y 958 años de cárcel. Las autoridades no precisaron si las sentencias corresponden a juicios colectivos ni la fecha exacta en que fueron emitidas.
Crímenes cometidos entre 2014 y 2022
De acuerdo con el expediente judicial, los delitos fueron perpetrados entre 2014 y 2022 e incluyen el asesinato de un estudiante universitario y de una futbolista, así como una red sistemática de extorsión contra comerciantes y pequeños empresarios.
Las investigaciones señalan que la estructura criminal tenía presencia en distintos sectores de la provincia de La Libertad, desde donde coordinaba sus actividades ilícitas.
Régimen de excepción y captura masiva de pandilleros
Las condenas se dan en el contexto del régimen de excepción vigente desde marzo de 2022, una medida que permite detenciones sin orden judicial y que se ha convertido en el principal instrumento del gobierno para combatir a las pandillas.
Según cifras oficiales, más de 90.000 personas han sido capturadas desde la implementación de esta política, aunque alrededor de 8.000 detenidos han sido liberados tras comprobarse su inocencia.
Críticas por derechos humanos y debido proceso
Pese a los resultados en materia de seguridad, la estrategia del gobierno continúa generando polémica. Voceros de movimientos de familiares de detenidos y organizaciones de derechos humanos cuestionan la falta de garantías procesales y denuncian muertes bajo custodia, que superarían las 450 desde 2022.
No obstante, el Ejecutivo defiende la política de mano dura, asegurando que ha permitido reducir los homicidios a mínimos históricos y recuperar el control territorial en amplias zonas del país.
