Aunque la Fiscalía había solicitado detención domiciliaria, el Tribunal Superior de Bogotá ordenó cárcel para los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, al considerarlos presuntos líderes del entramado de corrupción que desvió recursos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La decisión fue adoptada por la magistrada Aura Alexandra Rosero, de la Sala Penal, quien señaló que el hecho de que los exfuncionarios ya no ocupen cargos públicos no elimina el riesgo para el proceso judicial. Según explicó, la investigación demuestra que las presuntas conductas ilegales no dependían exclusivamente del ejercicio formal del cargo, sino de redes políticas y administrativas previamente consolidadas que operaban a través de intermediarios.
#ATENCIÓN | A la cárcel los exministros de Hacienda, Ricardo Bonilla; y del Interior, Luis Fernando Velasco por el saqueo a la UNGRD y el INVIAS.
Una magistrada del Tribunal Superior de Bogotá consideró que sí hay pruebas que los exministros habrían ordenado el… pic.twitter.com/CFCqwQV6cv— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) December 18, 2025
Rosero sostuvo que el peligro no radica en la movilidad física de los imputados, sino en su capacidad de articulación dentro de estructuras complejas de criminalidad contra la administración pública. Por esa razón, concluyó que la medida de aseguramiento en establecimiento carcelario es “idónea, necesaria y proporcional”.
La magistrada aclaró que la decisión no se basa en un riesgo inminente de fuga, sino en la necesidad de evitar que se rearticulen esquemas de direccionamiento contractual y de interferencia relacional, propios de redes de corrupción de gran alcance, incluso con capacidad de operar a nivel internacional.
En el proceso, la fiscal María Cristina Patiño imputó a Bonilla y Velasco por los delitos de concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos. Ninguno de los exministros aceptó los cargos y ambos han rechazado los señalamientos.
Durante la audiencia, la magistrada cuestionó los argumentos de la defensa y enfatizó en que, de acuerdo con el material probatorio presentado por la Fiscalía, los exfuncionarios no habrían actuado de manera aislada. Por el contrario, indicó que habrían ocupado posiciones de liderazgo dentro de un acuerdo criminal organizado, orientado a la comisión reiterada de delitos contra la administración pública.
Según el Tribunal, las evidencias apuntan a que Bonilla y Velasco no solo participaron en actos propios de sus cargos, sino que habrían promovido y coordinado, a través de terceros, un esquema sistemático de direccionamiento contractual en entidades como la UNGRD y el Invías. El objetivo, según la investigación, habría sido asegurar mayorías en el Congreso para la aprobación de proyectos de ley y operaciones de crédito público, utilizando recursos del Estado.
Finalmente, Rosero concluyó que la Fiscalía sí cumplió con la carga argumentativa y probatoria, demostrando que las medidas no privativas de la libertad resultan insuficientes para neutralizar los riesgos identificados en este caso.
