La Fiscalía Quinta Delegada ante la Corte Suprema de Justicia decidió reconocer al presidente Gustavo Petro como potencial víctima dentro del proceso que se adelanta en contra del fiscal Mario Andrés Burgos, señalado por el presunto delito de fraude procesal. La medida surge tras revisar posibles irregularidades cometidas durante el interrogatorio a Nicolás Petro, investigación que estuvo a cargo del propio Burgos.
Según un documento de 19 páginas, el ente acusador aceptó parcialmente la solicitud presentada por el abogado Pedro Alejandro Carranza. De los seis argumentos expuestos, la Fiscalía únicamente avaló uno: el relacionado con un posible abuso de función pública por parte del fiscal Burgos.
La decisión se basa en lo ocurrido el 2 de agosto de 2023, cuando, durante el interrogatorio a Nicolás Petro en el Búnker de la Fiscalía, Burgos formuló preguntas que involucraban directamente al presidente Gustavo Petro. Para la entidad, esas preguntas buscaban indagar sobre un supuesto conocimiento o participación del mandatario en la presunta entrada de dineros ilícitos ligados a la campaña presidencial.
Este episodio, según el documento, podría haber implicado una violación del fuero presidencial, afectando la dignidad y la investidura del jefe de Estado. En Colombia, cualquier indagación por presuntos delitos atribuidos al presidente es competencia exclusiva de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, no de un fiscal delegado.
La Fiscalía concluyó que existen los elementos mínimos para inferir un daño inmaterial, relacionado con la afectación del buen nombre del presidente y la legitimidad del cargo, más aún cuando las preguntas del interrogatorio y sus respuestas fueron divulgadas por distintos medios de comunicación.
No obstante, la entidad aclaró que este reconocimiento no compromete la presunción de inocencia de Burgos, quien continúa bajo investigación, y que la participación del mandatario queda limitada al rol de “interviniente especial” durante la etapa de indagación.
Por otro lado, la Fiscalía rechazó otorgar un enfoque diferencial en este caso, argumentando que la alta investidura presidencial no constituye un factor de vulnerabilidad que amerite un trato especial.
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— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 17, 2025
