La Fiscalía General de la Nación anunció que dio inicio a una indagación preliminar contra el ministro del Interior, Armando Benedetti, con el fin de determinar posibles delitos o actos irregulares en la adquisición de dos propiedades.
La primera sería la vivienda en la que reside con su esposa, en Lagos de Caujaral, así como un apartamento en Barranquilla, además de un contrato realizado con el empresario Ricardo Leyva.
La Fiscalía analiza si hay méritos para imputación de cargos o si adoptará otras medidas judiciales.
Este proceso, según las autoridades, se origina debido a que en los últimos días el inmueble en donde reside el ministro Benedetti y su familia fue objeto de una diligencia de allanamiento debido a una orden impartida por la magistrada Cristina Eugenia Lombana Velásquez, que hace parte de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema.
Con respecto al segundo inmueble, un apartamento ubicado en Barranquilla, esta entidad aseguró que la indagación se originó debido a que estaría involucrado en posible enriquecimiento ilícito dentro de un caso en la Corte Suprema de Justicia.
¿Por qué se originó este proceso?
En su momento, afirmó el ministro Benedetti que estaba en quiebra. Sin embargo, según información de la FM, adquirió una casa de 700 metros cuadrados en uno de los conjuntos más exclusivos de Barranquilla.
De acuerdo con las indagaciones, Benedetti pasó de vivir en un apartamento a una vivienda en la que residía Alex Saab, quien estuvo detenido en Cabo Verde y fue extraditado a Estados Unidos, donde estuvo acusado de ser testaferro de Nicolás Maduro.
Con respecto a los contratos con Ricardo Leyva, este se vincula porque el empresario le confirmó al abogado Camilo Enciso que él tenía el leasing de la casa de Caujaral que fue propiedad de Saab y que se lo cedió a Armando Benedetti.
Luego, al parecer, el empresario obtuvo un contrato sin licitación por 8.000 millones de pesos con la RTVC para un evento en Santa Marta.
Dicho contrato, según la indagación, fue entregado el pasado 23 de octubre a la empresa Ave Fénix, propiedad de Leyva. Finalmente, la Fiscalía General de la Nación seguirá investigando y determinará si el proceso continúa su curso.
