Un inusual incidente diplomático se registró en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, cuando al avión presidencial de Colombia (FAC 0001) le fue negado el suministro de combustible durante una escala técnica previa a la gira del presidente Gustavo Petro por Medio Oriente.
Según versiones cercanas a la Casa de Nariño, la negativa de las empresas proveedoras, filiales de corporaciones con capital estadounidense, se dio por la inclusión reciente del mandatario en la Lista OFAC (Office of Foreign Assets Control), conocida popularmente como la Lista Clinton, del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Las compañías temían violar las regulaciones financieras internacionales, que imponen sanciones severas a cualquier entidad que mantenga transacciones con personas o bienes designados como “bloqueados” por el gobierno estadounidense.
España intervino para permitir el abastecimiento
Tras el impase, el Gobierno de España intervino directamente y el avión fue trasladado a una base militar, donde finalmente se autorizó la carga de combustible para continuar con la ruta hacia el Golfo Pérsico.
Fuentes citadas por el diario El Tiempo confirmaron la veracidad del suceso, que hasta el momento había sido manejado con total hermetismo. “Todo es verdad. Desde el fin de semana están pariendo por ese tema”, aseguró una fuente cercana al Ejecutivo colombiano.
Impacto de la sanción sobre operaciones oficiales
Aunque la aeronave es propiedad del Estado colombiano y no del presidente, su uso por parte de un “nacional especialmente designado” (SDN) activa automáticamente las restricciones impuestas por la OFAC. Estas medidas pueden incluir multas de hasta 250.000 dólares o el doble del valor de la transacción no autorizada, lo que llevó a las empresas de suministro a abstenerse de actuar.
Gira presidencial afectada
El viaje del presidente Petro, que se extenderá hasta el 4 de noviembre, incluye visitas a Arabia Saudí, Egipto y Catar, y busca fortalecer relaciones diplomáticas y comerciales en la región del Medio Oriente.
El incidente ha generado preocupación y debate en Colombia, ya que pone en evidencia las posibles dificultades logísticas y diplomáticas que enfrentaría el Gobierno en medio de las sanciones internacionales impuestas al mandatario.
