El Consejo de Estado suspendió de manera provisional el decreto 858 de junio 30 del 2025, herramienta con la cual el gobierno de Gustavo Petro buscaba implementar el nuevo modelo de salud en nuestro país.
El fallo de esta normativa se dio por la demanda realizada por el congresista Andrés Forero Molina, quien solicitó que la normativa se frenara al considerar que los efectos del decreto invadían las funciones que le corresponden al Congreso de la República. Esto se da, según el demandante, a que la reforma se generaría sin la necesidad de darle trámite en el Congreso.
Cabe destacar que este decreto buscaba implementar un modelo preventivo, transformando el sistema actual de salud, cuya base son las entidades promotoras de salud (EPS), hacia uno centrado en la atención primaria y la prevención, cuya atención de los pacientes sería distribuida entre las EPS y las entidades de salud territoriales.
¿En qué consistía el nuevo modelo de salud propuesto por la normativa?
El decreto suspendido reemplazaría el modelo actual con atención de las EPS hacia un modelo basado en la prevención y la atención primaria de salud (APS). A partir de este esquema, el gobierno buscaba reorganizar el modelo de salud creando Redes Integrales Territoriales (RIITS), entidades que serían dirigidas por las alcaldías y gobernaciones. Esta acción reduciría el alcance en salud de las EPS.
El freno, según el Consejo de Estado, se estableció porque, según su análisis, el decreto no era un reglamento técnico para la prestación de un servicio, sino una reforma estructural que transformaba la manera como se prestaba el servicio de salud en Colombia.
Por ello, el tribunal advirtió que solo el Congreso puede definir por ley la manera como se presta el servicio de salud y reiteró que el gobierno no puede hacerlo por decreto.
¿Por qué se suspendió el decreto que implementaría el nuevo modelo de salud?
A partir de la decisión del fallo, la Sala aseveró que cualquier transformación de un modelo de prestación de salud, como lo propone el Decreto, debe tener un debate legislativo. Además, aseguró que el Ejecutivo extralimitó sus funciones al crear por medio de un decreto nuevas estructuras para alterar el rol de las EPS y reasignar ese trabajo a otras entidades en el territorio sin contar con respaldo legal.
Otra conclusión a la que llegó el fallo consiste en que en la actualidad hay una reforma a la salud en trámite en el Congreso que contiene algunas de las medidas que el gobierno incluyó en el decreto 858. Según los magistrados, esta alternativa evidenciaría que el ejecutivo intentó adelantar la reforma por vía administrativa, lo cual va en contra del principio de legalidad.
Por ello, el Consejo de Estado decidió ponerles freno a los efectos del decreto 858 mientras avanza un proceso de nulidad. Esto quiere decir que la aplicación del nuevo modelo de salud queda detenida hasta que se establezca una decisión por parte del Congreso.
