La Fiscalía General de la Nación confirmó la apertura de una indagación preliminar contra Juliana Guerrero y varios funcionarios de la Fundación Universitaria San José, por su presunta participación en un caso de fraude procesal. La investigación se originó tras una denuncia que advierte posibles irregularidades relacionadas con la presentación de títulos académicos falsos.
Fiscalía investiga presunto fraude en títulos universitarios
De acuerdo con la información preliminar, el proceso está a cargo de la Fiscalía 42 de Bogotá, que busca determinar si Guerrero habría presentado documentos falsos para acreditar estudios en la mencionada institución educativa. Según fuentes judiciales, además del presunto fraude procesal, la dirigente también sería investigada por el delito de falsedad en documento público.
El caso involucra a funcionarios de la Fundación Universitaria San José, quienes habrían participado o permitido la expedición de documentos sin validez académica o sin el debido registro ante las autoridades educativas.
Jennifer Pedraza: “El Ministerio confirmó que no hay registro de estudios”
La congresista Jennifer Pedraza se refirió públicamente a la investigación a través de su cuenta de X (antes Twitter), donde aseguró que el Ministerio de Educación Nacional no encontró ningún registro en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES) que confirme que Juliana Guerrero haya estado matriculada, cursado estudios o se haya graduado en dicha institución.
“El Ministerio nos informó que no hay registro en la base de datos oficial de que Juliana se haya matriculado, estudiado o graduado de la San José”, escribió Pedraza.
Asimismo, la congresista afirmó que el secretario general de la Fundación Universitaria San José reconoció que en el proceso habría “actos de corrupción” relacionados con la expedición de los títulos.
Avanza la indagación de la Fiscalía
Por ahora, la Fiscalía continúa recopilando testimonios y documentos para establecer si existió una actuación irregular por parte de Guerrero o de funcionarios del centro educativo. El caso podría escalar a una investigación formal si se comprueba la existencia de pruebas que sustenten los delitos imputados.
