La Fiscalía General de la Nación destapó un caso que sacude a la seguridad presidencial en Colombia: dos miembros del Ejército y una mujer que se hizo pasar como oficial están señalados de entregar información reservada al Tren de Aragua y otras organizaciones criminales.
Los capturados fueron identificados como el mayor Pedronel Jiménez Cárdenas, comandante del Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas N.º 5; el sargento segundo Cristian Padilla Villanueva; y Luisa Fernanda Salgado Fernández, una mujer que logró ingresar en 36 ocasiones a instalaciones militares haciéndose pasar como capitán.
La Fiscalía les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, simulación de investidura o cargo, revelación de secreto y fraude procesal.
Una red de filtración de información a grupos criminales
Según las investigaciones, entre marzo de 2024 y abril de 2025 los acusados permitieron que Salgado participara en operaciones tácticas y de inteligencia, accediendo a documentos clasificados, equipos de comunicaciones, drones y detalles sobre los esquemas de protección del presidente Gustavo Petro, la vicepresidenta Francia Márquez y otros altos funcionarios.
El sargento Padilla habría facilitado y encubierto estos ingresos, permitiendo que la falsa capitán interactuara con tropas y participara en entrenamientos.
Información sensible en manos criminales
Las filtraciones dejaron en poder de civiles planes de allanamiento, imágenes aéreas, productos de inteligencia y documentos oficiales. Algunos de estos insumos fueron utilizados para engañar a fiscales y jueces, logrando que se ejecutaran diligencias judiciales bajo información adulterada.
De acuerdo con la Fiscalía, esta red ilegal puso en grave riesgo la seguridad nacional, ya que permitió que estructuras criminales como el Tren de Aragua conocieran de primera mano los movimientos de las Fuerzas Militares en Bogotá y Cundinamarca.
Próximos pasos judiciales
Las capturas se realizaron en operativos en Puente Aranda, el Cantón Norte y el Distrito Militar N.º 3, en Bogotá. Actualmente, los tres implicados enfrentan un proceso judicial y están bajo evaluación de un juez de control de garantías, quien decidirá si se legalizan las detenciones y qué medidas de aseguramiento se impondrán.
