La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitió este martes la primera condena contra el antiguo secretariado de las Farc, declarando responsables a siete de sus exintegrantes por los secuestros cometidos durante el conflicto armado. La sentencia, de 663 páginas, impone la máxima sanción contemplada en el Acuerdo Final: ocho años de trabajos restaurativos y restricciones de movilidad, en lugar de prisión ordinaria.
La decisión cobija a Rodrigo Londoño (‘Timochenko’), Pastor Alape, Jesús Santrich Redondo (‘Joaquín Gómez’), Jaime Alberto Parra (‘El Médico’), Julián Gallo (‘Carlos Antonio Lozada’), Jorge Torres Victoria (‘Pablo Catatumbo’) y Rodrigo Granda (‘Ricardo Téllez’). Todos aceptaron su responsabilidad individual y colectiva en secuestros, desapariciones forzadas, torturas, homicidios y violencia sexual, considerados crímenes de guerra y de lesa humanidad.
#ATENCIÓN | Este es el momento en el que la JEP (@JEP_Colombia) anuncia la sentencia de 8 años a los siete exintegrantes del último secretariado de las Farc por 21.000 casos de secuestro. pic.twitter.com/2hfBbYc4kH
— W Radio Colombia (@WRadioColombia) September 16, 2025
Crímenes reconocidos por el secretariado de las Farc
El magistrado Camilo Suárez, ponente del Caso 01, explicó que se identificaron tres patrones de criminalidad: privar de la libertad a civiles, retener a integrantes de la Fuerza Pública y líderes políticos, y utilizar el secuestro como herramienta de control territorial. Según la JEP, estos patrones constituyeron una macrovictimización que dejó miles de afectados en todo el país.
La condena incluye delitos de lesa humanidad como tortura, esclavitud, tratos crueles, violencia sexual, desplazamiento forzado y desapariciones. Los comparecientes fueron declarados máximos responsables en calidad de autores y deberán ejecutar sanciones propias con contenido restaurativo.
¿En qué consisten las sanciones?
El Tribunal de Paz les impuso ocho años de sanción mediante Trabajos, Obras y Actividades con contenido Restaurador (TOAR). Entre ellos están la búsqueda de personas desaparecidas, actos de memoria y reparación simbólica, recuperación ambiental y desminado humanitario.
Durante este tiempo, los exjefes guerrilleros tendrán restricciones efectivas de libertad: deberán permanecer en espacios geográficos determinados, cumplir horarios, portar dispositivos electrónicos de ubicación y someterse a supervisión permanente de la JEP.
El magistrado Suárez señaló que la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) ha identificado un universo de 132.877 víctimas. Los sancionados deberán aportar información, entregar coordenadas y acompañar procesos de prospección y recuperación de cuerpos.
Ceremonia y mensaje a las víctimas
La lectura de la sentencia se llevó a cabo en la sede de la JEP en Bogotá. Alejandro Ramelli, presidente de la jurisdicción, abrió la audiencia recordando a las víctimas: “Invocamos a campesinos, comerciantes, estudiantes, líderes políticos, integrantes de la Fuerza Pública y familias que siguen buscando a sus seres queridos. Esta decisión no solo habla de responsables, sino de madres, esposas, huérfanos y comunidades que esperan justicia”.
La JEP resaltó que más de 1.200 escritos de víctimas, casi 800 testimonios y 95 encuentros permitieron confrontar directamente a los responsables con quienes padecieron los secuestros.
Justicia transicional y advertencia
La sanción de ocho años hace parte del modelo de justicia transicional establecido en el Acuerdo de Paz. No implica cárcel ordinaria, pero sí un régimen estricto de cumplimiento. El incumplimiento de las condiciones podría derivar en sanciones más severas o incluso en la pérdida de beneficios y la remisión a la justicia ordinaria.
Este jueves 18 de septiembre, la JEP leerá una nueva sentencia, esta vez contra 12 exmilitares implicados en casos de ejecuciones extrajudiciales en Valledupar, conocidos como falsos positivos.
