La Fiscalía General de la Nación judicializó a dos integrantes de la Policía Nacional señalados de pedir dinero a subalternos a cambio de gestionar traslados y escribir buenas calificaciones, así como exonerar investigaciones disciplinarias.
Según las denuncias, los cobros oscilaban entre los 700 y los 150 mil pesos, dependiendo del beneficio solicitado.
Las personas implicadas en esta presunta red de corrupción son el mayor Jair Alonso Saldarriaga Cuentas, quien se desempeñó como comandante del Distrito 4 en el departamento de Caldas entre junio de 2023 y noviembre de 2024, y el patrullero Leonardo Reyes Bedoya, que ejercía labores como conductor.
Los hechos salieron a luz cuando un auxiliar de la Policía, que cumplía su servicio militar obligatorio en Aguadas, solicitó un traslado a Pácora, al norte del departamento de Caldas.
Según el denunciante, el mayor Saldarriaga le habría exigido 500.000 pesos para facilitar el traslado y debía ser justificado con un supuesto pago de una camiseta y unas botas de dotación.
Otra de la evidencias que encontró la Fiscalía en su investigación fue la supuesta exigencia en dinero por parte del mayor Saldarriaga Cuentas a otro oficial para no bajar su calificación en la entidad.
Las denuncias recopiladas por la Fiscalía General de la Nación fueron cuatro en total.
Por su parte, el papel de Reyes Bedoya al parecer consistía en coordinar dónde y cuándo debían ser realizados los sobornos.
Tras las pruebas recolectadas por la Fiscalía, los procesados no aceptaron los cargos. Un juez ordenó detención en centro carcelario, mientras avanza el juicio.