Como ilegal, arbitraria y profundamente injusta calificó el grupo Keralty la intervención de la EPS Sanitas por parte del Gobierno, que este mes ha llegado a su fin por orden de la Corte Constitucional.
“La intervención no fue un error administrativo: fue un ataque frontal contra los derechos fundamentales de millones de colombianos.
Pacientes abandonados, escasez de medicamentos esenciales, redes de atención colapsadas y un sistema de salud erosionado hasta sus cimientos son el legado de una supuesta ‘transformación’ improvisada, carente de planificación y desprovista de humanidad”, señala el comunicado.
En lo que llamó un manifiesto, un grito por la Verdad, la Justicia y la Reconstrucción, Keralty arremetió contra la administración Petro y la acusó de tener en marcha “una estrategia deliberada para desmantelar un sistema de salud que ha servido eficientemente a millones de colombianos”.
Así mismo, exigen “reparación efectiva e inmediata del daño incalculable causado a nuestra red de atención, a nuestros equipos profesionales y, sobre todo, a los millones de usuarios afectados.
Además, piden el cumplimiento inmediato, incondicional e integral del fallo de la Corte Constitucional, el cumplimiento inmediato con los pagos adeudados y garantía de estabilidad financiera para las EPS y el cese definitivo de las campañas de desinformación que aún persisten, diseñadas para sembrar división, miedo y desconfianza en la sociedad colombiana.
Afirman que se trata de un ataque frontal contra los derechos fundamentales de millones de colombianos: “Pacientes abandonados, escasez de medicamentos esenciales, redes de atención colapsadas y un sistema de salud erosionado hasta sus cimientos son el legado de una supuesta ‘transformación’ improvisada, carente de planificación y desprovista de humanidad”.
También, destacan el papel de los órganos judiciales. “Agradecemos la valentía e integridad de la justicia colombiana, que ha reafirmado el Estado de Derecho frente a la arbitrariedad”.
Y enfatizan en que, a pesar de la buen noticia, este no es un día de celebración, sino de duelo “por el sufrimiento infligido, de indignación por el daño causado y de compromiso inquebrantable para reconstruir lo destruido”.
Finamente, sostienen que la actitud irresponsable y antihumana del Gobierno, al intentar ahogar el modelo de salud, ha generado una tragedia de dolor silencioso y, en muchos casos, consecuencias irreparables.