Una nueva medida fue adoptada dentro del caso que se le sigue al expresidente Álvaro Uribe, recientemente condenado a 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.
Se trata de una decisión del Consejo Superior de la Judicatura, entidad que designó a tres magistrados adicionales adjuntos para que respalden la labor de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, esto con el propósito de que los magistrados titulares puedan concentrarse en el estudio de la apelación de la pena del exmandatario.
La determinación se tomó teniendo en cuenta que el proceso contra Uribe prescribe en octubre y que, antes de que venza el plazo, el alto tribunal tendría que pronunciarse de fondo para reafirmar la condena, modificarla (subirla o bajarla) o anularla. Si esto último ocurre, el exgobernante quedaría en libertad y sin cargo alguno.
Uribe y un largo expediente
Los magistrados titulares tienen la no fácil tarea de analizar, en cerca de dos meses, unas mil páginas que constituyen el fallo condenatorio de primera instancia que profirió la jueza Sandra Heredia el pasado 28 de julio y la posterior pena de 12 años emitida por ella misma el 1 de agosto.
El expresidente fue hallado culpable de soborno en actuación penal y fraude procesal, luego de que la Fiscalía argumentara que existían pruebas suficientes que lo vinculaban con hechos fuera de la ley dentro de la investigación que en algún momento se le siguió al senador Iván Cepeda, quien resultó absuelto. Uribe, al parecer, manipuló testigos para inculpar injustamente a su contradictor político.
Una vez conocida la sentencia, los abogados del exmandatario y senador interpusieron resurso de apelación, por lo que el expediente pasó a manos del Tribunal Superior de Bogotá, el cual verificará las pruebas y las conclusiones de la jueza Heredia para definir el futuro del líder del Centro Democrático.
