El mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, mostró su inconformismo y preocupación por lo que considera una intromisión del gobierno estadounidense en la justicia de Brasil, debido a la sanción impuesta al juez de la Corte Suprema, Alexandre De Moraes, quien está a cargo del juicio contra el expresidente Jair Bolsonaro.
“Uno de los fundamentos de la democracia y del respeto a los Derechos Humanos en Brasil es la independencia del poder judicial y cualquier intento de debilitarlo constituye una amenaza al propio régimen democrático. La justicia no se negocia”, aseguró Da Silva en una nota de prensa.
La sanción impuesta por Donald Trump, que se hizo efectiva desde el miércoles, está amparada en la ley Magnitsky, que autoriza al gobierno norteamericano a sancionar a personal extranjero vinculado, según la Casa Blanca, con actos de corrupción o violación de los derechos humanos.
Además, explican los expertos, las medidas incluyen una penalización financiera que prohíbe la transacción de bienes en Estados Unidos, generando un bloqueo para la contraparte.
Estados Unidos tiene puestos los ojos en el juez De Moraes, pues es quien lleva el proceso contra el exmandatario Bolsonaro por un supuesto complot gopista contra Lula tras perder las elecciones del 2022.
Golpe a la democracia
Con respecto a la sanción, Lula mostró descontento, pues señaló que esta nueva penalización afecta a todo el país.
“En Brasil la ley se aplica a todos los ciudadanos y todas las empresas. Cualquier actividad que afecte la vida de la población y de la democracia brasilera está sujeta a normas”, dijo.
Además de esta sanción, Trump ordenó establecer un arancel del 50% a Brasil, en represalia por el juicio que enfrenta Bolsonaro.
Sobre este particular, Da Silva aseveró que es “injustificable el uso de argumentos políticos para validar un arancel”.
Pese a esta nueva confrontación, el presidente de Brasil dice estar dispuesto a negociar en el ámbito comercial, sin discutir temas que le competen solo a la justicia brasilera.
Finalmente, informó que está evaluando las implicaciones del nuevo arancel con el fin de “apoyar y proteger a los trabajadores y a las familias brasileras”.
