A partir del material probatorio aportado por la Fiscalía General, un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro de reclusión al exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública, César Manrique Soacha, junto con siete exfuncionarios más, quienes estarían implicados en actos de corrupción vinculados con la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
De acuerdo con investigaciones adelantadas por la fiscalía, el exdirectivo tendría nexos con la adquisición de carrotanques de agua potable para La Guajira. Según las indagaciones, Manrique, durante el 2023 y 2024, habría recibido sobornos por valor de 3000 millones de pesos por su intervención en contratos con la UNGRD.
El informe también detalla que hay otras siete personas involucradas en el entramado de contratación y corrupción. Se trataría del abogado Edgar Eduardo Riveros Rey, su hija Ana María Riveros Barbosa, Sonia Rocío Romero Hernández, quien era contratista de la UNGRD.
En ese grupo también se encuentra el jefe de ventas de la Corporación Mixta Yupurutu, Edgar Echeverri Toro, Francisco Javier Estupiñán, Jorge Aristizábal Rodríguez y Oscar Enrique Cárdenas.
Tanto Manrique Soacha como los demás involucrados fueron imputados por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, lavado de activos, peculado por apropiación en favor de terceros, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público.
En el desarrollo de las indagaciones de la Unidad de Fiscales Delegados, se determinó que Manrique Soacha también habría facilitado la entrega de 1.000 millones de pesos en un convenio entre la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y la UNGRD y, a cambio, habría exigido poder ingresar a personal de su confianza para que hicieran parte de esos contratos.
