Hay una crisis diplomática entre Colombia y Ecuador. La razón es la deportación de 700 ciudadanos colombianos que se encontraban en diferentes centros penitenciarios del vecino país. Esta decisión ha sido duramente criticada por la Cancillería, quien por medio de un comunicado ha rechazado la medida y la ha calificado como “un gesto inamistoso”.
De otra parte, el consulado ha denunciado la falta de protocolos que garanticen condiciones dignas en el traslado de los detenidos, lo que agrava las relaciones entre ambos países.
“Lamentablemente, las autoridades ecuatorianas han decidido dar inicio al proceso sin que se hubiera diseñado el protocolo, impidiendo la plena identificación de los ciudadanos deportados y la verificación de su situación jurídica e incumpliendo las básicas nociones del derecho internacional”, señaló el documento enviado por la Cancillería.
Para atender esta situación, la ministra de Relaciones Exteriores en encargo, Rosa Yolanda Villavicencio, se dirigió al puente internacional de Rumichaca para evaluar las condiciones de los 700 connacionales deportados. De acuerdo con información preliminar, ya están en territorio nacional 450 y de estos 348 no tienen antecedentes judiciales.
Por lo anterior, la Cancillería solicitó, de manera formal, información detallada de estos casos, así como el motivo de su deportación.
Problemas con cárceles en Ecuador
El presidente de Ecuador, Daniel Novoa, en su programa de campaña y de gobierno, anunció la ejecución de esta medida en respuesta a la ola de violencia por la que atraviesa el país.
Pese a que esta estrategia estaba contemplada por el gobierno de Novoa, la decisión deja en una situación precaria a los deportados. Por ello, las autoridades consulares de Colombia hicieron un urgente llamado para establecer un diálogo directo entre ambas cancillerías y coordinar, de forma adecuada y articulada, la repatriación de los colombianos y aclarar su situación jurídica.
Medidas previas en las deportaciones
De acuerdo con información dada por autoridades en Ecuador, el proceso de expulsión dio inicio el 2 de julio y durante ese mes, según fuentes allegadas al gobierno de Daniel Novoa, se realizaron 1000 audiencias individualizadas como parte de un proceso administrativo.
Luego, según autoridades de las prisiones en Ecuador, se emitieron las boletas de salida para su excarcelación y posterior deportación. Y finalmente, se utilizaba la frontera entre ambos países para la finalización del proceso.
“El SNAI procede con la excarcelación y, posteriormente, el ministro del Interior, a través de la Subsecretaría de Migración, ejecuta la deportación a Colombia por el puente internacional de Rumichaca”, explicó en su momento Novoa.
Debido a lo que fue considerado como una arbitrariedad, la cancillería de Colombia pide que las próximas deportaciones se realicen a partir de un protocolo bilateral.
