Se alista el protocolo para la liberación de los nueve contratistas de la Gobernación del Cauca secuestrados el pasado 17 de julio cuando realizaban labores en zona rural de López de Micay, Cauca.
Después de confirmar su responsabilidad en este secuestro, el Bloque Occidental Jacobo Arenas de las Farc anunció que está dispuesto a liberarlos, pero exige, entre otras cosas, que la Fuerza Pública se repliegue durante 72 horas “para garantizar las condiciones mínimas de seguridad”.
Afirman que desde las 6:00 de la tarde del 22 de julio se está aprestando la logística para dejar en libertad a estas personas, que según sostuvieron, estaban “haciendo entrega e instalación de equipos militares a miembros del Ejército Nacional, cuyo objetivo es inhibir señales y derribar drones”.
En el reciente comunicado insisten en responsabilizar al Gobernador Octavio Guzmán y la secretaria de gobierno Maribel Perafán, por “vincularlos a un proyecto de aprovisionamiento militar, por más de $4.120 millones, que no corresponde con sus funciones”.
Aseguran que estos siete mujeres y dos hombres han recibido un buen trato, “pese a los operativos que se desarrollaron en el área”. Y dicen que han sido “instrumentalizados”.
Finalmente, exigen que la Gobernación del Cauca “suspenda inmediatamente todas las extracciones mineras en el macizo colombiano y retire la maquinaria de los predios de su propiedad y la de familiares”.
