La EPS Satinas logró reversar la intervención del Gobierno sobre su funcionamiento. La decisión de la sala plena de la Corte Constitucional le dio la razón a esta EPS y dejó sin efecto tres resoluciones con la que la Superintendencia Nacional de Salud había ordenado, corregido y prorrogado la medida.
La intervención de Sanitas, una mala jugada
El 2 de abril de 2024, la supersalud ordenó la toma de posesión inmediata de bienes y negocios de la EPS por el término de un año, así como también la intervención para su administración de manera forzosa. Luego, el documento que avalaba esta acción fue corregido el 10 de abril para prorrogar un año más.
Ahora, la sala plena dejó sin efecto los tres actos administrativos, tras revisar una tutela impuesta por el grupo Keralty, propietarios de la EPS, que alegaba la negación al derecho debido proceso, así como la imposibilidad de ofrecer un buen servicio.
La Corte Constitucional concluyó que la decisión tomada por Luis Carlos Leal, en ese entonces director de la Superintendencia de Salud, impidió las garantías procesales de la EPS Sanitas, la segunda más grande del país.
No obstante, en su momento, el Gobierno justificó la intervención alegando “el incumplimiento de las funciones indelegables de aseguramiento”, por deudas que superaban los 2 billones de pesos con prestadores de servicio, y como un salvavidas ante un posible colapso financiero.
Tras ese argumento, Keralty, grupo español dueño de Colsanitas, calificó la decisión como “improvisada, ilegal, discriminatoria y desproporcionada” por parte de la entidad reguladora. Luego, en 2023, la empresa de salud presentó un plan de reorganización institucional y culpó al gobierno Petro de su problema de caja, debido a la falta de dinero que le adeudaba el Estado por la Unidad de Pago por Capitación. Este último argumento fue recogido por la sala plena.
La falta de caja y la insuficiencia en el pago de la UPC, así como el no reconocimiento de la deuda acumulada, fue informada por Keralty a las distintas entidades de salud. Sin embargo, dice el grupo español, no encontró respuestas por parte del Gobierno.
Según Keralty, la intervención arbitraria y la falta de soluciones frente a los problemas de pagos afectaron enormemente a la compañía en su imagen y servicio, y perjudicaron a accionistas, colaboradores y la sociedad colombiana, razón por la que demandaron al Estado en tribunales internacionales de arbitraje.
Según el diario El Tiempo, este litigio, que compromete a la nación y está en disputa en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, se calcula en 1.2 billones de dólares. La causal es presunta violación al Tratado internacional de Protección a la Inversión Extranjera.
Ahora, con la anulación de los tres actos administrativos, Keralty podría realizar acciones para hacer efectiva la demanda contra el Estado colombiano.
