Por medio de una investigación las autoridades lograron desarticular una red de explotación ilegal de madera, de la que, presuntamente, participaban cinco policías. De acuerdo con información de la Fiscalía, los implicados habrían facilitado el traslado del material extraído de la reserva forestal del río Magdalena que está protegido por ley.
De acuerdo con las primeras indagaciones, sería el capitán Harold García Espinosa, quien era el comandante de la estación de Policía de Puerto Wilches, Santander. Los siguientes en la lista son: el subintendente Fabio Ignacio Ramírez Arismendi, comandante de patrulla de la estación de Policía de San Pablo, y los patrulleros Edison Peña Moreno, Enyerber Fernando Rueda Correa y José Isabelino Gamboa Cabrera.
A partir de la investigación realizada por un fiscal de la Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y del Medio Ambiente, se detectó que la organización buscaba evitar los controles administrativos para el transporte de madera y, a cambio de ello, recibía dádivas favoreciendo así la actividad ilegal y acabando con los recursos naturales.
¿Cómo operaba la red de tráfico maderero?
Según información de la Fiscalía, la madera que hacía parte de la reserva forestal del departamento de Bolívar era talada y transportada por las vías del Magdalena Medio y luego era distribuida a las principales ciudades para ser comercializada.
Lo grave de esta actividad de explotación ilegal son las especies afectadas como el cedro rosado, el almendro, el fresno, sangre de toro, el cambombo y chingales.
A partir del material probatorio, los uniformados fueron imputados por los delitos de aprovechamiento ilícito de recursos no renovables y cohecho propio.
Entre las pruebas, el fiscal asignado al caso denunció al capitán Harold García, quien supuestamente, valiéndose de su cargo, habría permitido el transporte de material y en contraprestación, al parecer recibió en su cuenta tres millones de pesos.
Pese a las pruebas, los implicados no aceptaron cargos. Finalmente, a los uniformados un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en su lugar de domicilio.
