El Ministerio de Justicia se pronunció sobre el caso de la reclusa embarazada en la cárcel El Pedregal de Medellín, quien denunció haber sido víctima de abuso sexual por parte de dos funcionarios del INPEC. El caso ha generado indignación pública, especialmente por la demora en su traslado a un pabellón especializado para madres gestantes, a pesar de encontrarse en una etapa avanzada de embarazo.
La reclusa fue trasladada a Bogotá, pero aún no está en pabellón de gestantes
La mujer, originalmente reclusa en la cárcel El Pedregal de Medellín, donde habría sucedido la agresión sexual, fue trasladada a la cárcel El Buen Pastor, en Bogotá, pero no ha sido ubicada en el pabellón de gestantes, como lo ordenó un juez. La reclusa había solicitado inicialmente prisión domiciliaria para garantizar mejores condiciones de salud y seguridad tanto para ella como para su bebé. Sin embargo, esta petición fue rechazada.
La ministra Buitrago explica por qué no se hizo el traslado
La ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, explicó en Noticias RCN que en marzo la mujer envió una carta a su despacho solicitando no ser trasladada al pabellón de madres gestantes dentro del centro de reclusión, debido a su temor de ser nuevamente custodiada por personal del INPEC. Esta decisión fue clave para que no se ejecutara el traslado inicialmente.
No obstante, tras la negativa del juez a concederle prisión domiciliaria, el abogado de la mujer solicitó formalmente su traslado al pabellón para gestantes. La ministra Buitrago solicitó un informe detallado al abogado sobre la condición actual de su defendida, con el fin de tomar nuevas medidas.
Temor de que el ICBF intervenga y le quite el bebé
El abogado defensor, Felipe Alzate, advirtió que su representada podría dar a luz en la semana del 20 de mayo, y el lugar donde permanece actualmente no cuenta con condiciones adecuadas para el parto ni para el cuidado del recién nacido.
“No puede ser que después de haber sido presunta víctima de abusos sexuales, estando recluida en el establecimiento carcelario del Pedregal y haber quedado embarazada fruto de esos actos no consentidos, sea ahora el mismo Estado, a través de sus instituciones, quienes estén dispuestos a alejarla a ella del bebé que está por nacer”, afirmó Alzate. Además, el apoderado de la reclusa señaló que si la mujer no es trasladada a tiempo, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) podría intervenir y quitarle la custodia del bebé.
El llamado de la defensa al Estado colombiano
La defensa pide que se garantice el derecho de la mujer a permanecer con su hijo, argumentando que no puede ser víctima doblemente, primero por el presunto abuso y ahora por un posible desarraigo materno injustificado.
Este caso ha vuelto a poner sobre la mesa la urgente necesidad de revisar los protocolos de seguridad, atención médica y derechos humanos en las cárceles femeninas, especialmente para las mujeres embarazadas.
