El Juzgado Tercero de Ejecución de Penas de Bogotá negó la solicitud de prisión domiciliaria a Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia, quien fue condenada a cinco años y tres meses de prisión por actos vandálicos durante el paro nacional de noviembre de 2019.
La Corte Suprema la condenó por instigación a delinquir y daño a bien público
La influencer fue sentenciada por los delitos de instigación a delinquir con fines terroristas, daño en bien ajeno agravado y perturbación al transporte público luego de que difundiera videos destruyendo una estación de Transmilenio con un martillo, hechos ocurridos en plena jornada de protestas en 2019. Luego de varios años, le fue emitida orden de captura y desde enero se encuentra recluida en la cárcel de mujeres El Buen Pastor.
El argumento de madre cabeza de familia no fue suficiente
La defensa de Barrera había solicitado el beneficio de prisión domiciliaria argumentando que es madre cabeza de familia de una menor de un año y la principal fuente de sostenimiento emocional y económico de su hogar. Sin embargo, el juez concluyó que no se cumplían los requisitos legales para este beneficio.
En su fallo, el juzgado explicó que “si bien Daneidy Barrera Rojas es la progenitora de la menor, ello no la convierte en madre o mujer cabeza de familia para los efectos que pretende”, dado que su pareja sentimental también asume las labores de crianza y manutención.
El juzgado resaltó que la menor no se encuentra en situación de desamparo ya que la pareja de Epa Colombia está junto a ella y también cuenta con el apoyo de sus abuelos, quienes pueden garantizar su bienestar y cuidado en ausencia de la madre.
Asimismo, el juez aclaró que la lactancia y el vínculo materno pueden ser atendidos desde la cárcel El Buen Pastor, donde existen espacios habilitados para garantizar los derechos de las madres privadas de la libertad.
Epa Colombia continuará cumpliendo su pena en prisión
Con esta decisión, Daneidy Barrera deberá continuar cumpliendo su condena en reclusión, por los actos que cometió y difundió en redes sociales en 2019, los cuales fueron considerados un atentado contra el servicio público y el orden institucional.
