Un informe detallado con medidas y estrategias a implementar para proteger la vida de la Fuerza Pública, solicitó la Procuraduría general de la Nación al Gobierno Nacional, ante los recientes ataques contra soldados y policías en el denominado “plan pistola” de los grupos criminales.
En una carta, dirigida al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, el procurador delegado segundo para la vigilancia preventiva de la Función Pública, Samuel Benjamín Arrieta, envía un cuestionario solicitando algunas explicaciones sobre la delicada situación de orden público en varias regiones del país.
Además, relaciona algunos hechos puntuales que acrecientan la preocupación del Ministerio Público, como el asesinato de dos policías en Simití, Bolívar, el asesinato de un agente en Taraza, Antioquia, así como otros crímenes contra la Fuerza Pública en Antioquia (Salgar, Chigorodó y Apartadó), Norte de Santander y Guaviare.
De acuerdo con el referido comunicado, el ataque fue atribuido a integrantes del Grupo Armado Organizado Residual (GAO-r) “Jorge Suárez Briceño” perteneciente a las disidencias lideradas por alías “Calarcá”, estructura con la cual el Gobierno Nacional mantiene suspendidas las operaciones militares ofensivas, en virtud del Decreto 0448 del 17 de abril de 2025.
Al aludir a la responsabilidad de las disidencias de Calarcá en algunos de estos ataques, específicamente en el de Guaviare, que dejó seis militares muertos, la Procuraduría plantea la posibilidad de revocar el decreto que suspende operaciones ofensivas contra este grupo criminal
“Dicho decreto dispuso la suspensión de operaciones militares ofensivas y operaciones especiales de Policía, sin perjuicio del deber constitucional y legal de la Fuerza Pública de preservar la integridad del territorio, garantizar el orden constitucional y legal, y asegurar las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas”, señala el oficio.
Y hace alusión a la responsabilidad del Estado en los hechos que se han presentado en las últimas semanas. “Las acciones sistemáticas de violencia contra integrantes de la Fuerza Pública afectarían la institucionalidad democrática, debilitarían su capacidad operativa y podrían incidir negativamente en la confianza pública respecto al mantenimiento del orden y la convivencia pacífica.
Reconociendo que los soldados y policías desempeñan un papel esencial en la protección de la sociedad”, enfatiza.
El Gobierno Nacional tiene un plazo de tres días para responder el cuestionario de la Procuraduría y allegar el informe solicitado frente al “plan pistola.
