Bogotá D.C., 19 de diciembre de 2024. En la mañana de este jueves se conoció la condena de 6 años y 4 meses de prisión a la que tendrá que enfrentarse el “zar de la contratación”, por los delitos de peculado por apropiación agravado, fraude procesal y falsedad en documento privado. La condena se da en el marco de un preacuerdo firmado con la Fiscalía.
Emilio Tapia Aldana se dio a conocer en el país debido a los múltiples escándalos de corrupción en los que se vio implicado. Entre los más sonados están el carrusel de la contratación en Bogotá, el de “Centros Poblados” y el de la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAR) de Puerto Mallarino, Valle del Cauca.
El proyecto “Centros Poblados”, que estaba siendo impulsado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de Colombia (MinTIC), pretendía conectar a internet a más de 7.000 escuelas rurales, distribuidas en 16 departamentos del país, buscando avanzar en el desarrollo de las regiones más apartadas. Tristemente, este megaproyecto fue empañado por uno de los escándalos de corrupción más grandes de los últimos años, dejando como resultado el robo de 70.000 millones de pesos que se habían destinado para su ejecución.
La Fiscalía expuso que, audazmente, Tapia Aldana utilizó empresas ficticias y falsificó garantías bancarias para obtener el contrato que adjudicaba la mega obra. Posteriormente, logró un millonario anticipo que destinó para satisfacer sus gustos personales, ignorando la ejecución del proyecto y desamparando a los colegios rurales.
El fiscal del caso dijo: “concertó con distintas personas para comprar la experiencia de unas empresas y constituir la Unión Temporal Centros Poblados, y así participar en el proceso contractual”.
El “zar de la contratación” aceptó su responsabilidad en el entramado de corrupción que comprometió a la administración del gobierno de Iván Duque y pidió disculpas a todos los afectados. Se comprometió a devolver 5.060 millones de pesos con el fin de resarcir el daño causado.
Se espera que el condenado purgue su pena privativa de la libertad en un centro de reclusión de la ciudad de Barranquilla, sin acceso a los beneficios que ha obtenido en el pasado, como lo fue la detención domiciliaria y la libertad condicional.
