La investigación por el escándalo de corrupción de Centros Poblados dio un nuevo giro. La Fiscalía General de la Nación ejecutó medidas de extinción de dominio sobre un amplio paquete de bienes presuntamente adquiridos con recursos desviados del contrato para llevar internet a escuelas rurales, uno de los casos más emblemáticos de corrupción en los últimos años.
De acuerdo con el ente acusador, las propiedades estarían vinculadas a la exministra de las TIC Karen Abudinen, al contratista condenado Emilio Tapia y a otros actores clave dentro del entramado ilegal que afectó recursos públicos durante el gobierno del expresidente Iván Duque.
Las acciones judiciales cobijan 23 bienes, entre parqueaderos, locales comerciales y participaciones en sociedades, ubicados en Cundinamarca, Atlántico, Córdoba, Sucre, Risaralda y Nariño. El valor estimado del patrimonio intervenido asciende a cerca de 65.900 millones de pesos.
Entre los afectados por las medidas figuran Juan José Laverde, vinculado a la aseguradora Rave Seguros; Ottomar Lascarro, contratista; y Luis Fernando Duque, representante legal de la Unión Temporal Centros Poblados, firma que obtuvo el millonario contrato con el Ministerio de las TIC.
El caso se originó a partir de un proyecto que buscaba llevar conectividad a instituciones educativas rurales en 16 departamentos, mediante un contrato que superaba el billón de pesos. Sin embargo, tras maniobras irregulares, a la Unión Temporal se le giró un anticipo de 70.000 millones de pesos, dinero que nunca se destinó al objetivo inicial y terminó en manos de algunos de los involucrados.
Según explicó José Iván Caro, director especializado de Extinción de Dominio de la Fiscalía, el material probatorio indica que los bienes fueron adquiridos con recursos provenientes del anticipo entregado de manera irregular y de otras conductas ilícitas detectadas en el proceso contractual.
En el caso específico de Karen Abudinen, la Fiscalía aplicó una medida cautelar sobre un inmueble de su propiedad, en concordancia con decisiones previas de la Contraloría General de la República en materia de responsabilidad fiscal.
La investigación penal también estableció que se mezclaron recursos de origen lícito con dineros ilegales y que varias sociedades integrantes de la Unión Temporal habrían sido utilizadas como vehículos para ejecutar las irregularidades.
Ahora, un juez especializado en extinción de dominio será el encargado de determinar si los bienes intervenidos pasan de manera definitiva a manos del Estado, mientras avanza el proceso judicial contra los responsables del millonario desfalco.
