Luego de más de un año y medio del asesinato del párroco Darío Valencia Uribe, de la iglesia Perpetuo Socorro de Pereira, la justicia colombiana logró la extradición de Julián Eduardo Cifuentes Gómez, principal sospechoso del crimen. El hombre había huido a París tras el homicidio y fue capturado allí antes de ser enviado nuevamente al país. Un juez de control de garantías ordenó su reclusión en una cárcel de máxima seguridad en Bogotá, a donde fue extraditado el pasado 20 de noviembre.
Así ocurrió el asesinato del sacerdote
Según la Fiscalía, el 25 de abril de 2024 el sacerdote se reunió con Cifuentes para concretar un pago de 30 millones de pesos por la venta de una camioneta. Ambos se desplazaban juntos en el vehículo cuando, en un punto del trayecto, el religioso estacionó para conversar.
En ese momento, Cifuentes habría aprovechado que el párroco reposaba sobre el volante para dispararle cuatro veces por la espalda con un arma calibre 7,65 mm, causándole la muerte de inmediato.
Tras el homicidio, el agresor llevó el cuerpo hasta un abismo en zona rural de Belalcázar, Caldas, con el propósito de ocultarlo. Luego llevó la camioneta a un lavadero para borrar evidencias y días después viajó a Francia, intentando evadir la justicia.
La confesión desde París y el hallazgo del cuerpo
Durante su detención en Francia, Cifuentes confesó el homicidio, lo que permitió que las autoridades colombianas ubicaran el cuerpo del sacerdote en septiembre de 2024. Sin embargo, ya en Colombia, el hombre se mantuvo en silencio durante las audiencias y solo respondió a lo estrictamente necesario.
Delitos imputados y medidas en su contra
La Fiscalía imputó a Cifuentes los delitos de homicidio agravado; fabricación, tráfico o porte de armas de fuego; y ocultamiento o destrucción de elemento material probatorio. Según el ente acusador, el crimen habría sido cometido de manera consciente y con el objetivo de beneficiarse económicamente tras adueñarse de la camioneta que decía haber comprado.
El abogado Renato Marín, representante de la Diócesis de Pereira, afirmó que por la gravedad del caso y los riesgos procesales, el acusado deberá permanecer recluido en un establecimiento de máxima seguridad.
