En Washington avanza una discusión que hasta hace poco parecía imposible: permitir que el presidente de Estados Unidos utilice a las Fuerzas Armadas para combatir directamente a los carteles de la droga en América Latina, incluso sin la aprobación del país afectado.
La iniciativa más visible fue presentada por el congresista Cory Mills, republicano de Florida, en un proyecto de ley que ya llegó a la Casa Blanca. El documento plantea un marco legal que facultaría al Ejecutivo para ordenar operaciones militares en aguas internacionales y, eventualmente, en territorio extranjero, si el presidente lo considera necesario.
El objetivo del polémico proyecto
Según el borrador, la administración podría emplear “todas las fuerzas necesarias y apropiadas” contra naciones, organizaciones o personas designadas como narco-terroristas. Además, introduce una definición más amplia de “actividad narco-terrorista”, vinculándola no solo al narcotráfico, sino también al terrorismo, la violencia y las amenazas a la seguridad nacional e internacional.
Esto impactaría directamente a cárteles mexicanos recientemente catalogados como terroristas, así como al Tren de Aragua y el Cartel de los Soles, este último señalado por Washington como una red bajo control del presidente venezolano Nicolás Maduro. En la lista también figuran las Farc-EP, el ELN y la Segunda Marquetalia de Colombia, por su rol documentado en el narcotráfico.
Debate legal y político
De manera paralela, el Departamento de Estado trabaja en documentos jurídicos para presentar al Congreso un “modelo” que justifique operaciones de gran escala contra estos grupos. Sin embargo, expertos recuerdan que el Derecho Internacional exige consentimiento del país afectado o autorización del Consejo de Seguridad de la ONU para usar la fuerza en otro territorio, salvo en casos de legítima defensa.
Aunque el proyecto busca dar cobertura legal a operaciones ya realizadas, como los recientes ataques contra embarcaciones vinculadas al Tren de Aragua en aguas del Caribe, en los que murieron 14 personas, los críticos advierten que su aprobación podría abrir la puerta a incidentes diplomáticos, víctimas civiles y una espiral de violencia regional.
Los pasos a seguir
El debate ya se trasladó al Congreso, donde los republicanos impulsan la idea como una herramienta para “neutralizar amenazas rápidamente”, mientras demócratas y analistas alertan sobre la pérdida de controles democráticos y el riesgo de normalizar intervenciones militares extraterritoriales.
De aprobarse, la ley transferiría al presidente un poder que hoy no existe de forma explícita, reduciendo la carga política y legal de cada operación. Para algunos, sería un paso decisivo en la lucha antidrogas; para otros, una peligrosa concesión que marcaría un precedente histórico en la política exterior estadounidense hacia América Latina.
