El sector energético colombiano enfrenta una paradoja regulatoria que ha generado inquietud en inversionistas, calificadoras y empresas generadoras: mientras el Gobierno Nacional ha planteado la posibilidad de modificar o incluso eliminar el Cargo por Confiabilidad para reducir tarifas de energía, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) publicó esta semana la convocatoria de la nueva subasta del mismo mecanismo, buscando atraer inversiones que aseguren la energía firme que necesita el país a partir de 2029.
El contraste es evidente. Por un lado, se lanza una señal de mercado para incentivar la construcción de proyectos de generación, especialmente térmicos y renovables, que respalden la seguridad del sistema. Por el otro, se mantiene la amenaza de desmontar el esquema que precisamente constituye la fuente de remuneración de esos mismos proyectos. La pregunta es inevitable: ¿es seguro invertir bajo este escenario?
Subasta 2025: seguridad a futuro
La Resolución CREG 101-079 de agosto de 2025 convoca la subasta de asignación de Obligaciones de Energía Firme (OEF) para el periodo 2029–2030. El objetivo es garantizar que el país cuente con capacidad suficiente para enfrentar escenarios de escasez, como los derivados de fenómenos de El Niño o retrasos en proyectos de gran envergadura.
La CREG introdujo ajustes técnicos importantes:
* Exigencia de contar con registro en la UPME en fase de factibilidad.
* Incentivos económicos adicionales para proyectos que entren en operación antes de 2028.
* Reglas claras para la entrega de energía firme en periodos de estrés del sistema.
En teoría, estas medidas apuntan a fortalecer la seguridad energética, brindando certidumbre de suministro en el largo plazo.
Fitch Ratings: advertencia de racionamiento
Mientras tanto, días antes, la calificadora Fitch Ratings advirtió que los cambios propuestos por el Gobierno al cargo por confiabilidad afectarían los ingresos de las generadoras térmicas y reducirían la inversión. De hecho, muchas empresas dependen en un 10 % a 20 % de este cargo para mantener su operación.
Esta es una propuesta del Gobierno que ha venido rondando el sector desde hace casi un año, pero que aún no se ha materializado.
Según Fitch, eliminar o modificar radicalmente el mecanismo aumentaría el riesgo de racionamiento entre 2026 y 2028, justo cuando la demanda crecería más rápido que la capacidad instalada. La advertencia es clara: si se desincentiva la inversión en respaldo térmico, el sistema quedaría vulnerable a cortes de energía.
La contradicción: incentivo y desincentivo al mismo tiempo
El dilema radica en que el mismo gobierno que promueve la subasta a través de la CREG también impulsa el discurso político de desmontar el cargo por confiabilidad. En la práctica, se envían dos señales contradictorias al mercado:
1. Señal positiva: la subasta reconoce la necesidad de asegurar energía firme y abre la puerta a nuevos proyectos.
2. Señal negativa: la amenaza de eliminar el cargo erosiona la confianza de los inversionistas en la estabilidad regulatoria.
Así, una empresa que considere invertir hoy en una planta de generación enfrenta un escenario incierto: ¿tiene sentido comprometer capital en un proyecto con horizonte 2029 si en paralelo existe el riesgo de que desaparezca el mecanismo que garantiza su sostenibilidad económica?
El Cargo por Confiabilidad: ¿Un seguro aún vigente?
El Cargo por Confiabilidad nació como un “seguro” que todos los usuarios pagan para garantizar que, en momentos de crisis, el país cuente con capacidad de respaldo. A través de las subastas, los generadores se comprometen a entregar energía cuando los precios en bolsa superan el umbral de escasez, a cambio de un ingreso estable que permite mantener plantas disponibles incluso si no generan todo el tiempo.
