En segunda instancia, la Procuraduría confirmó la sanción de destitución, así como la inhabilidad por diez años, al excanciller Álvaro Leyva Durán por las anomalías e irregularidades vinculadas con la licitación para la expedición de pasaportes.
La decisión fue ratificada por el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, y no admite apelación. De acuerdo con datos conocidos por El Tiempo, la decisión se dio por la actuación de Leyva, al declarar como desierto el proceso de licitación de la contratación estatal.
Según la investigación, el exministro de Relaciones Exteriores no cumplió su labor de garantizar la selección objetiva, acorde con la normatividad estatal.
De acuerdo con el fallo, Leyva decidió anular la licitación argumentando que solo se había presentado un oferente, Thomas Greg & Sons, pese a que esta organización cumplía con los requerimientos y requisitos solicitados.
Para la Procuraduría, esta actuación fue arbitraria y vulneró los principios de transparencia y economía, lo que fue calificado como una falta gravísima.
Álvaro Leyva, en su momento, justificó esta decisión asegurando que se debían salvar los recursos estatales, pues supuestamente estaban en peligro los dineros debido a que el contrato estaba, según indicó, acomodado para obtener esa contratación.
Pero para la Procuraduría esta acción vulneró los principios del Estado que establecen la importancia de la transparencia, economía y la responsabilidad.
A partir de esta acción, la Procuraduría General de la Nación encontró los argumentos suficientes en contra del exfuncionario del gobierno Petro.
