El Gobierno nacional, en la era de Eduardo Montealegre, expidió un decreto que genera debate en el país, ya que abre el abanico para que las tutelas contra el presidente y otras autoridades dejen de ser evaluadas exclusivamente por el Consejo de Estado.
“Las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad pública del orden nacional, así como las actuaciones del presidente de la República, incluyendo las relacionadas con seguridad nacional, y las actuaciones administrativas, políticas, programas y/o estrategias del Gobierno Nacional relacionadas con la erradicación de cultivos ilícitos, serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces del Circuito o con igual categoría”, señala el decreto 0799 de 2025, firmado por el Ministro de Justicia, Eduardo Montealegre.
Uno de los argumentos del Gobierno frente a esta determinación es que “contribuye a fortalecer la imparcialidad estructural del sistema judicial, al evitar que una misma corporación deba conocer previamente de un asunto en sede de tutela y, posteriormente, como juez natural del control objetivo de legalidad de los actos administrativos del presidente de la República”, indica el documento.
Este decreto ha sido rechazado por algunos sectores de oposición, que lo consideran inconstitucional y hecho a la medida del Ejecutivo para hacerle una jugada al poder judicial. Máxime cuando no son nuevas las pugnas que ha tenido el mandatario con el Consejo de Estado.
La Senadora María Fernanda Cabal fue de las primeras en reacción y advirtió que demandará el decreto. “Quiero aclarar que el Presidente no tiene competencia para modificar la estructura judicial mediante decreto. La Constitución (art. 152) es clara: toda norma que afecte la administración de justicia debe tramitarse como ley estatutaria, aprobada por el Congreso y revisada previamente por la Corte Constitucional”, señaló.
Este decreto, además, reaviva temores alrededor de la gestión del nuevo ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, quien azuzó también el llamado “decretazo” de la consulta popular.
