El fiscal Raúl González, designado para liderar la investigación de la masacre de ocho civiles en la vereda Pueblo Seco del municipio de Calamar, Guaviare, reveló escalofriantes detalles sobre el crimen cometido por el Frente Primero de las disidencias de las Farc.
Según explicó, las personas fueron puestas de rodillas y les dispararon por la espalda, luego, las remataron en el suelo y las enterraron en una fosa común, cuya excavación presenciaron antes de morir.
Las disidencias de las Farc -señaló- sospechaban erróneamente que estos hombres eran miembros del ELN, pero la Fiscalía comprobó que eran campesinos inocentes y líderes sociales sin nexos con ningún grupo armado.
“Estas víctimas desafortunadamente fueron llevadas hasta este lugar por el simple hecho de ser originarios del departamento de Arauca”, dijo el fiscal.
Entre las personas asesinadas se encontraban un pastor evangélico, un presidente de Junta de Acción Comunal y varios miembros de la misma JAC. Todos residían en la vereda Pueblo Seco y eran reconocidos por su labor social y comunitaria.
¿Cómo se logró identificar a los asesinos?
La investigación tuvo un avance clave tras la captura de un integrante del Frente Primero en San José del Guaviare. Las autoridades incautaron su teléfono celular, que contenía fotos de las víctimas aún con vida y luego asesinadas.
El análisis del dispositivo, sumado a la declaración del capturado y la geolocalización de las imágenes, permitió ubicar el sitio exacto donde ocurrió el crimen y donde se hallaba la fosa común.
“Logramos obtener imágenes que muestran a las víctimas en vida reunidas con los integrantes del Frente Primero y luego asesinadas”, detalló el fiscal. “Los amarraron, les dispararon por la espalda y los remataron”.
Y rechazó este espeluznante asesinato. “Es un crimen atroz, una masacre dolorosa que debe ser rechazada por toda la sociedad”, enfatizó.
Las autoridades continúan recolectando pruebas, identificando más responsables y construyendo el expediente judicial para llevar a los implicados ante los tribunales. La Fiscalía ha reiterado que se trata de una de las masacres más crueles registradas en la región en los últimos años.
