Contra viento y marea, sigue adelante el decretazo con el que el Gobierno busca convocar a la consulta popular para aprobar 12 puntos de la fallida reforma laboral, que fue rescatada en el Congreso y que ha retomado su trámite.
El famoso y controvertido decreto ya fue radicado ante la Registraduría nacional, a pesar de que no sólo le han llovido críticas, también demandas.
Ocho partidos políticos de oposición e independientes interpusieron, este jueves, la primera demanda ante el Consejo de Estado.
Este viernes, el concejal de Bogotá Daniel Briceño, junto a la exdirectora del ICBF, Cristina Plazas, presentó una denuncia contra el presidente Gustavo Petro ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes por la presunta comisión de prevaricato al expedir este decreto.
Incluso, la bancada del Centro Democrático interpuso una demanda que había dejado lista, antes del atentado, el senador Miguel Uribe.