Los grupos ilegales que se disputan la frontera de Colombia con Venezuela “azotan” a civiles ante la “escasa protección gubernamental”, que los deja expuestos a asesinatos, secuestros y desplazamientos, denunció este miércoles Human Rights Watch (HRW).
Desde el 16 de enero, la confrontación por el control de la región del Catatumbo entre la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Frente 33 de las disidencias de las FARC deja más de 70 muertos y 55.000 personas obligadas a huir de sus hogares.
“Nuestra investigación apunta a que el ELN está cometiendo abusos generalizados contra la población civil”, señaló un informe de HRW presentado en Bogotá.
La ONG también documentó delitos del Frente 33 como “reclutamiento de niños y trabajos forzados”.
La directora para las Américas de HRW, Juanita Goebertus, señaló en concreto el caso de un habitante del Catatumbo secuestrado por los criminales y llevado a un “campamento de resocialización”, aparentemente en territorio venezolano, en el que era obligado a cortar caña por más de 14 horas al día.
Goebertus apuntó a una “desprotección” por parte de las autoridades e instó al gobierno a “poner en marcha una política de seguridad y justicia efectiva”.
El ELN y la disidencia de las FARC cooperaban desde 2018 en en esta región clave para la producción y el tráfico de cocaína. pero este año se presume que sus alianzas se rompieron por desacuerdos entre sus líderes y se desató una guerra.
El 16 de enero, el ELN ingresó “de manera simultánea” a las casas de varios municipios del Catatumbo para asesinar a personas sospechosas de ser miembros de las disidencias de las FARC o de colaborar con estas, constató HRW con entrevistas y registros en foto y video.
El presidente, Gustavo Petro, ordenó a las fuerzas armadas retomar el control del Catatumbo, pero a la fecha no lo ha logrado.
También decretó el “estado de conmoción interior”, que le permite tomar medidas excepcionales ante una situación de riesgo de seguridad nacional.
Como parte de esa declaratoria a inicios de marzo creó impuestos para financiar programas sociales en la región del Catatumbo.
