La secretaria estadounidense de Seguridad Interior (DHS), Kristi Noem, viajará esta semana a El Salvador, Colombia y México, en medio del revuelo provocado por la invocación de una ley del siglo XVIII, usada en tiempos de guerra, para expulsar a migrantes.
El miércoles Noem estará en El Salvador, donde visitará el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una megacárcel inaugurada en 2023 para albergar a pandilleros. Después se reunirá con el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, según su agenda.
En esa prisión fueron recluidos 238 venezolanos expulsados de Estados Unidos bajo la ley de enemigos extranjeros de 1798, acusados sin pruebas de pertenecer a la organización criminal Tren de Aragua. Venezuela lo considera un secuestro.
Bukele se ha convertido en un gran aliado del presidente estadounidense Donald Trump, prestándose a recluir a deportados en sus cárceles.
Noem seguirá el viaje el jueves en Colombia, donde se reunirá con el presidente Gustavo Petro.
La relación entre Estados Unidos y Colombia se tensó momentáneamente cuando el dirigente de izquierda rechazó de plano que los migrantes viajen en aviones militares, después de que algunos llegaran a su país con grilletes.
Trump reaccionó con la amenaza de aranceles y Petro acabó cediendo.
La secretaria del DHS terminará la gira el viernes en México, donde mantendrá un encuentro con la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, quien se esfuerza por mitigar el impacto de la guerra comercial abierta por Trump.
Washington impuso a México aranceles del 25% a todos los productos mexicanos importados para incitarle a combatir con más vehemencia el tráfico ilegal de fentanilo, un opiode sintético que causa estragos en Estados Unidos. Una parte de las tarifas aduaneras fueron aplazadas teóricamente hasta el 2 de abril.
Noem viaja en medio de una campaña de deportaciones en la que también se alienta a los extranjeros en situación irregular a “autodeportarse”.
El DHS lanzó este mes una aplicación móvil, CBP Home, que desde este lunes cuenta con una nueva función: la “salida verificada”, explicó en rueda de prensa Tricia McLaughlin, subsecretaria del DHS.
“Ofrecemos a los extranjeros que elijan la autodeportación, la capacidad de notificar al gobierno de Estados Unidos sobre su salida (…) dándoles la posibilidad de proporcionar datos biográficos de sus pasaportes u otros documentos de viaje, imágenes faciales y geolocalización para demostrar que han salido”, afirmó.
“El extranjero debe estar al menos tres millas (4,8 km) fuera de Estados Unidos para utilizar esta función con éxito”, aclaró.
McLaughlin confirmó que el gobierno de Trump considera ilegales también a aquellos migrantes que abrieron un expediente de solicitud de asilo durante el mandato del expresidente demócrata Joe Biden.
“Sí, hubo muchas irregularidades en el proceso de investigación. Las leyes no se implementaron ni se ejecutaron, por lo que sí, estas personas son inmigrantes ilegales bajo (…) esta administración”, advirtió.
