Bogotá, 3 de marzo de 2025. Un preocupante balance hizo la ONU sobre la situación de orden público en Colombia. Advirtió sobre 72 masacres el año pasado, el asesinato de 89 defensores de derechos humanos y 216 casos de menores reclutados, especialmente indígenas.
Ante el Consejo de Derechos Humanos, en Ginebra, Suiza, la directora de Operaciones Globales, Maarit Kohonen, señaló que la violencia persistente en el país “afecta desproporcionadamente a pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y campesinas”.
Y recalcó la necesidad imperiosa de “una presencia integral del Estado en todo el territorio nacional para proteger a la población”. Así mismo, instó a reforzar las medidas de protección de los defensores de derechos humanos.
Por otra parte, destacó los avances de la JEP en recientes imputaciones como camino hacia la verdad y la justicia.
Kohonen se refirió además a la desapariciones forzadas y a iniciativas en marcha para contenerlas. “Destacamos la importancia de la nueva ley sobre las mujeres buscadoras de víctimas de desaparición forzada . Esta ley establece un marco inédito en América latina”, concluyó.
Es importante recordar que, a finales del año pasado, Colombia fue elegida, por primera vez, como uno de los 47 miembros del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas con un mandato de tres años.
A través de un comunicado, la Cancillería colombiana expresó, en su momento, la determinación del Gobierno nacional de “promover asuntos claves como la protección y defensa de la diversidad humana, en particular, asuntos de género, población indígena y afrodescendiente y otros grupos vulnerables; la participación de la sociedad civil en el seno del Consejo; la protección de la labor de los defensores de derechos humanos y líderes sociales; así como los temas de drogas y medio ambiente en relación con los derechos humanos”.
