Bogotá D. C., 10 de diciembre de 2024. Hoy es el día internacional de los derechos humanos y más que una fecha para conmemorar, es un día para visibilizar una guerra sin cuartel que se libra en varias regiones del país y, en especial, en zona rural de Caquetá y Putumayo, en el sur de Colombia.
La última arremetida entre las disidencias al mando de alias Calarcá y el grupo Comandos de Frontera, deja 11 combatientes muertos, según el reporte entregado por la Defensoría del Pueblo.
Los combates se dieron a principios de diciembre en las veredas Laureles y Puerto Mina, del municipio de Puerto Guzmán, Putumayo, poblaciones que viven en medio de la zozobra y las ráfagas de armas de largo alcance de varios actores armados.
La incertidumbre de la población se mantiene desde hace varios años. En enero de 2021, la Defensoría del Pueblo emitió la alerta temprana 001-21, que evidenció la magnitud de los hechos violatorios de los derechos humanos en el corredor de los municipios de Puerto Guzmán, Putumayo; Curillo, San José de Fragua y Solita, en Caquetá; y Piamonte, en Cauca, todos ellos ubicados en la zona de influencia del río Caquetá.
La disputa por el control territorial de ese corredor es entre varios actores armados. Sin embargo, la guerra sin cuartel que libran el Frente Carolina Ramírez de las disidencias de las Farc al mando de alias Calarcá y la estructura de crimen organizado Comandos de Frontera, es la más sanguinaria.
Pero no es la única, en la disputa también entran en juego actores armados ilegales como la estructura Miller Perdomo del autodenominado Bloque Jorge Briceño, Sinaloa – La Mafia, La Constru, Los Azules, Los Escorpiones, Los Cobra y Los Niches, lo que agrava aún más la situación de la población civil.
Las víctimas de la guerra
En este contexto de guerra, la principal víctima es la población civil. La Defensoría del Pueblo alertó sobre el riesgo inminente en el que están: estudiantes, líderes y lideresas de organizaciones sociales, comunales, campesinas, de víctimas y defensoras de derechos humanos, especialmente los que impulsan los acuerdos de paz.
También están en riesgo los periodistas, líderes ambientales, la población socialmente estigmatizada (personas señaladas de consumo y expendio de sustancias psicoactivas, hurto y compradores de sustancias ilícitas), personas en proceso de reincorporación, docentes, transportadores fluviales, servidores públicos y víctimas del conflicto armado, entre otros.
Los vejámenes de la guerra incluyen abusos y violaciones sexuales a menores de edad, reclutamiento forzado de niñas y niños, prohibición para la disposición de cuerpos, paros armados, confinamiento, contaminación de los territorios con minas antipersonas, homicidios y utilización de drones con cargas explosivas como armas de guerra.
Los estudiantes han quedado en medio del fuego y en varias ocasiones se han tenido que suspender las clases por los combates. Uno de los hechos más graves ocurrió el 12 de febrero de este año, en la vereda La Brasilia, a 15 kilómetros del casco urbano de Piamonte (Cauca), donde una camioneta de servicio escolar que transportaba a 16 niños, niñas y adolescentes estudiantes de la Institución Educativa Agrícola Piamonte, fue impactada con proyectiles de arma de fuego, presuntamente, accionados por el Frente Carolina Ramírez. En el ataque resultó herida una niña de 13 años y un adulto habitante de la vereda.
Los docentes y rectores de las instituciones educativas también están en riesgo, debido a la situación de amenaza contra la población civil.
Los homicidios están disparados
Los datos de homicidios en esos municipios del corredor del río Caquetá están disparados, siendo Puerto Guzmán, Putumayo, el que más asesinatos registra.
Uno de los casos más graves ocurrió en noviembre de 2022, cuando una incursión de los Comandos de Frontera, en el sector conocido como La Y, vereda Las Delicias, en zona rural de Puerto Guzmán, dejó 23 muertos, al parecer de ese grupo ilegal. Posteriormente las disidencias obligaron al conductor de una volqueta a cargar los cuerpos y “tirarlos” en el cementerio de la Inspección de José María como “si fueran piedras”.
En los datos no están incluidos los 11 muertos de los combates de comienzo de diciembre de 2024 y lo más graves es que, según la Defensoría, los actores armados estarían cremando los cuerpos de los muertos en combate, para “borrar” toda prueba de lo sucedido y minimizar la exposición pública de los resultados adversos en las confrontaciones.
La guerra en otras regiones
El reporte de la Defensoría advierte que en otras poblaciones como Cartagena del Chairá y Paujil, en Caquetá; en la Serranía del Perijá y La Paz, en Cesar; y en San José del Guaviare, en Guaviare; se han registrado graves hechos de violación a los derechos humanos.
En Cartagena del Chairá y Paujil fueron privadas de la libertad dos mujeres y una de ellas está embarazada. Se desconoce su paradero.
En la Serranía del Perijá, en Cesar, hombres del ELN tomaron como rehenes a siete integrantes del Frente 19 del Estado Mayor de las disidencias, entre ellos está un menor de edad. Todos fueron retenidos el 24 de octubre y hasta hoy no se conoce información sobre ellos.
Y en zona rural del municipio de San José del Guaviare, se registró una masacre el pasado 2 de diciembre a manos de un grupo paramilitar. La acción criminal se presentó en la vereda Caño Cumare, en el sitio conocido como Barranco Colorado, a orillas del río Guaviare.
La Defensoría exigió a todos los actores armados en conflicto respetar el Derecho Internacional Humanitario, DIH.
