Mandatarios regionales se plantaron frente al Decreto 1474 de 2025 que decreta la emergencia económica impulsada por el presidente Gustavo Petro. Según los gobernadores, varias medidas serían desproporcionadas y afectarían la autonomía territorial, vulnerando principios constitucionales.
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, afirmó que se evalúa aplicar la excepción de inconstitucionalidad, es decir, dejar de cumplir disposiciones que violen de forma expresa la Constitución. Según los gobernadores, varias medidas serían desproporcionadas y afectarían la autonomía territorial, vulnerando principios constitucionales.
Los gobernadores que se plantaron contra el decreto de emergencia económica
Hasta ahora, los departamentos que se han plantado son: Antioquia, Atlántico, Tolima, Chocó, Risaralda, Nariño, Meta, Amazonas, Guainía, Huila, Putumayo, San Andrés, Caquetá, Caldas, Quindío y Valle del Cauca.
La gobernadora del Cesar, Elvia Milena San Juan, rechazó el señalamiento oficial: “No somos un mal ejemplo para el país; por el contrario, hemos sido unos grandes valientes”.
El punto más polémico del decreto
La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, pidió no solo la excepción de inconstitucionalidad, sino también un pronunciamiento directo ante la Corte Constitucional. Cuestionó el parágrafo segundo del artículo 15 del decreto, que obliga a transferir a la Nación todo ingreso departamental que supere el crecimiento del IPC entre 2025 y 2026.
“Se castiga la gestión territorial: cualquier esfuerzo adicional de recaudo termina en manos del Gobierno Nacional. Es un raponazo a los recursos”, sostuvo.
Acciones contra el gobierno y respuesta del ejecutivo
Desde el Valle del Cauca, la gobernadora Dilian Francisca Toro confirmó que, tras una reunión en la Federación Nacional de Departamentos, se enviará un documento conjunto a la Corte Constitucional y se presentará una tutela por impactos en salud y educación.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, criticó a los gobernadores y advirtió consecuencias legales: “Es un mal ejemplo invitar a no acatar la ley. Esa función es de la Corte Constitucional. Podría haber prevaricato y responder con bienes propios por los recursos que se pretendan recaudar”.
Mientras la Corte Constitucional revisa la declaratoria de emergencia, los gobernadores presionan un control más amplio sobre los efectos fiscales y constitucionales del decreto.
